Quito, Ecuador
El Presidente de la República a través del Decreto Ejecutivo 730 ha dado instrucciones a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para cumplir resoluciones del COSEPE.
Entre los considerandos del Decreto se citan artículos de la Constitución, resoluciones de las convenciones y asambleas de Naciones Unidas, declaratorias de Derechos Humanos, pactos y tratados suscritos por nuestro país. Además de artículos del Código Integral Penal, de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, del Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, de la Ley Orgánica que regula el Uso Legítimo de la Fuerza, de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, pero no menciona un instrumento fundamental en el diseño de la política pública de seguridad: el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030.
Es de suponer que para cumplir las disposiciones del COSEPE, las instituciones se movilizarán y actuarán bajo principio de legalidad. Para desarticular las organizaciones terroristas, previamente las identificarán y neutralizarán. Los ciudadanos miramos con esperanza que los grupos de delincuencia organizada -multicriminalidad transnacional- con presencia violenta en el país, que atenta constantemente la vida, la integridad física, el patrimonio y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, se sientan disuadidos de cometer asesinatos, homicidios y delitos violentos con métodos terroristas.
La planificación es importante para diseñar los objetivos y las metas, para alinear, coordinar y articular las estrategias de tal manera que se facilite su ejecución y evaluación. En la fase de análisis y formulación de la política, debe quedar claro el enfoque y el concepto estratégico, es decir, el esfuerzo de entender la amenaza como una convergencia de mercados ilegales que dan poder político criminal, que generan fenómenos de corrupción e impunidad. El objetivo es medrar y lucrar con dinámicas de violencia irracional. El plan evita simplificaciones, reduccionismos, medidas populistas y anacronismos.
La política de seguridad debe garantizar la vida y la convivencia pacífica, la prioridad son los territorios asfixiados por la violencia homicida y por la delincuencia común masificada, no se puede dejar de intervenir en instituciones debilitadas como aduanas, sistema de justicia, cárceles, pero también avanzar en procesos de reconciliación social con discursos equilibrados y despolitizados en materia de seguridad.
Esperamos con ansiedad un Decreto que provea de mejores condiciones de seguridad y protección para las instituciones de control, equipamiento tecnológico y especialización para policías y militares. Instituciones fortalecidas y motivadas, legitimadas y confiables, contendrán la arremetida del crimen organizado, la seguridad integral pretende recuperar el sentido humano frente a la deshumanización provocada por la violencia radical, esto no se reduce a operaciones de fuerza o enfrentamientos entre delincuentes altamente armados y fuerzas del Estado, abarca agresiones estructurales que fragmentan y erosionan los conceptos de civilización.
No se trata de esperar una ausencia total de actos delictivos, es eliminar vulnerabilidades y enfrentar la amenaza con firmeza, sin miedo, es resolver carencias sociales y económicas para mejores oportunidades de los mas excluidos, que la opción no sea el delito, se trata de vivir con dignidad, desarrollando proyectos de vida con seguridad.
Se requiere que la visión de la política esté centrada en el ser humano, que el amplio espectro de las amenazas tenga respuestas flexibles adaptables y oportunas desde el Estado, que se prevenga con estrategias de protección estatal, no personal. Si no reconocen el Plan de Seguridad Integral 2019 – 2030, la alternativa es presentar otro, el plan no es opcional es una obligación para avanzar en materia de garantizar derechos y libertades. La planificación debe especificar no solamente las acciones fuerza referidas en el Decreto, debe señalar las capacidades especiales y los recursos extraordinarios de investigación e inteligencia que acompañarán a las operaciones tácticas para entregar a la administración de justicia la causa probable de los actos terroristas.
La efectividad garantizará la paz social, pero hay que hacerlo en democracia, el éxito se define por juicios y sentencias, no por la negación de derechos, cambiamos la realidad anticipando y deteniendo antes de que sucedan los hechos de la perversidad observados en la playita del Guasmo, en Cristo del Consuelo, en el puerto artesanal de Esmeraldas, en las cárceles, en los hospitales, etc. Esta crisis se resuelve incorporando inteligencia y contrainteligencia, con la colaboración de todas las instituciones, a través de una red de confianza y una fuerza de tarea conjunta del Estado.
Sin embargo y frente a este fenómeno, no se puede dejar de revisar la historia y el rol del Estado, las sociedades democráticas merecen liderazgos políticos capaces de superar la brecha de desigualdad económica y social que impacta en la inseguridad precarizando la vida y provocando violencia estructural y criminalidad.
La multicrisis procedente de los efectos de la post pandemia del COVID-19, han provocado además enormes diferencias, profundizadas por la presencia de economías ilegales de mercados relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, que a su vez generan una desinstitucionalización del Estado, hay que recuperar la capacidad de prevención y control en la seguridad ciudadana; hay que salir de la ceguera y del falso conocimiento y enfrentar sin visión política el problema, de no ser capaces de aquello asistiremos a una mayor destrucción del tejido social, con mayores afectaciones a la integridad pública. La violencia irracional, la impunidad y la corrupción seguirán medrando del Estado.
