La Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la contratación de personal de la Prefectura de Pichincha entre junio de 2020 y agosto del 2022, durante el primer período de Paola Pabón al frente de la institución.
Según una auditoria, sin justificación contrató a 37 asesores para los miembros del Consejo Provincial integrado por alcaldes y representantes de juntas parroquiales. Pagó 854 mil dólares en sueldos.
Según la Contraloría, esas contrataciones fueron ilegales porque los miembros del Consejo ya tienen sus propios asesores y no requieren otros.