Para el 12 de julio próximo definió el juez nacional Luis Rivera se dé la audiencia en la que se formularán cargos por el delito de peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios públicos del correísmo Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.
La convocatoria llega 29 días después de que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó una fecha para revelar en audiencia los elementos de convicción que ha recabado en contra de los tres exfuncionarios del correísmo, una vez que se habrían determinado hechos que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016.
En su explicación, la fiscal general recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época -el de Rafael Correa- conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.
La tesis de la Fiscal
Diana Salazar sostiene que este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.
Por sorteo la causa recayó en manos de Luis Rivera, juez nacional que fue parte del Tribunal de Apelación que, en noviembre de 2022, declaró la nulidad en el denominado caso Singue, en el cual uno de los procesados por peculado era Glas, y quien, el 19 de junio pasado, sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el conocido caso helicópteros Dhruv.
La nueva acusación contra Glas
A Jorge Glas ya se le ha determinado la pena única de las dos que tenía en firme en los casos Sobornos 2012-2016 (por cohecho ocho años) y Odebrecht (por asociación ilícita seis años).
También se le ha definido que lo que le resta por cumplir de los ocho años definidos como pena única son menos de dos años y once meses. Al momento está a la espera de que se tramite un pedido de prelibertad, beneficio penitenciario al que podría acceder por el tiempo cumplido de la condena.
El artículo 278 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala respecto al peculado que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con penas de diez a trece años de cárcel.