Quito, Ecuador
La Corte Constitucional (CC) resolvió desempolvar la propuesta relativa a la extracción petrolera en el Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní.
Por mandato de la CC los ecuatorianos deberán responder en las urnas a una pregunta formulada por el colectivo social Yasunidos, que hace una década recolectó firmas para preservar intacta la zona considerada como un santuario ambiental y de pueblos ancestrales. La autoridad electoral no dio paso al petitorio.
La pregunta tendrá papeleta propia y una infeliz coincidencia: el pronunciamiento popular será simultáneo a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 20 de agosto. Es apenas obvio pensar que la campaña contaminará el debate que debiera ser razonado y el voto bien informado como un tema tan delicado demanda.
En el Parque Yasuní hay más de 2 000 especies vegetales, 600 especies de aves, más de 200, de mamíferos, 400 especies de anfibios y reptiles, y más de 150 especies de peces.
Adicionalmente se estima que en la zona habitan 5 000 personas de las nacionalidades Huaorani, Quichuas orientales y los pueblos no contactados (nómadas) Tagaeri y Taromenane.
Cuando la autoridad electoral no dio paso a la consulta hace diez años el gobierno de Rafael Correa decidió explotar el petróleo, expresó que la comunidad internacional había fallado al Ecuador. El ex presidente conformó una comisión que buscaba una compensación de USD 3 600 millones por dejar el petróleo bajo tierra. Por esfuerzos que hicieron los comisionados no lograron sino ofrecimientos por USD 13 millones.
Hoy, diez años después de la fallida consulta, se extraen 58 mil barriles diarios de petróleo. Si se calcula un precio de USD 60 por barril, estamos hablando de USD 1 270 millones en un año. Si el precio es mayor, como sucedió durante 2022 la cifra se podría elevar.
La zona del Parque Nacional Yasuní es de más de 900 mil hectáreas. La extracción apenas ha copado 80 hectáreas. Habrá impacto por ruido, con seguridad, pero no se ha reportado derrames ni incidentes mayores en el riesgo de la operación.
Los yacimientos del subsuelo ecuatoriano se conectan con Perú. Al otro lado de la frontera la extracción sigue. Es decir, que si cesa la extracción ecuatoriana la riqueza hidrocarburífera será absorbida con alta tecnología por empresas asentadas en el otro lado de la frontera. Los dólares se irán al fisco peruano.
Por lo visto las aristas del debate son complejas de conjugar. Una visión ambientalista extrema aconseja no extraer petróleo y no explotar las minas. La otra cara es la importancia de conseguir recursos para el desarrollo, para las urgencias de la deuda social y las angustias de la caja fiscal.
La decisión de la CC no toma en cuenta ningún aspecto técnico puesto que dispone, si gana el Sí en la consulta, que en un año se desmonte la infraestructura petrolera. Los expertos de Petroecuador explicaron con claridad en reportajes que presentó la periodista Belén Merizalde de Teleamazonas, que el desbaratar la estructura petrolera tardará mucho más tiempo (de tres a cinco años) y costará varios millones de dólares. La CC no dice de dónde se conseguirán esos recursos.
Otro aspecto presentado en el trabajo periodístico citado es el punto de vista de las comunidades que tienen relación con la extracción petrolera, servicios de transporte y el apoyo a iniciativas de granjas avícolas con sentido social, lo que ha llevado a los pueblos nativos a reducir la cacería de animales nativos. ¿Qué pasa si se va la industria petrolífera?
Algunos testimonios de habitantes de la zona dicen no estar debidamente informados sobre la consulta y señalan que no han conocido a los activistas de Yasunidos.
El ministro de Energía Fernando Santos ha advertido también que sin la presencia de Petroecuador la zona puede quedar a la deriva de la tala ilegal de grandes árboles y la minería ilegal, lo cual provocaría, en pocos años, una auténtica tragedia ambiental.
La fatal coincidencia de esta consulta con el calendario de las elecciones presidenciales debiera ser una ocasión para que los candidatos se pronuncien sin demagogia sobre este aspecto.
Si optan por el Sí – es decir por dejar el petróleo bajo tierra indefinidamente – debieran explicar cómo van a sustituir los ingresos urgentes para el fisco y en qué plazos.
Si ellos se pronuncian por el No, deben comprometerse con políticas ambientales y de preservación que impondrán en la zona para cuidar al detalle la riqueza natural y el respeto a las comunidades circundantes.
El equilibrio entre el desarrollo económico, el respeto a la naturaleza y la consideración a las comunidades es indispensable para vivir en armonía, pero con progreso material. No es poca cosa ni tan trivial.
Esperemos al menos un voto libre y bien informado sobre tan delicada y polémica materia.
