El presidente Guillermo Lasso entregó a la Corte Constitucional (CC) el Decreto Ley Orgánica de Reestructuración Empresarial, con calificación urgente en materia económica, que fue enviado el viernes 7 de julio. También presentó el Decreto Ley de apoyo financiero a favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas.
En la exposición de motivos de la primera norma, el jefe de Estado indica que la ley tiene como objetivo modernizar los procesos concursales preventivos en el país, equiparando la posición del deudor y de los acreedores en procura de la reorganización de sociedades mercantiles económicamente viables o, en su defecto, a través de la liquidación ordenada de compañías cuyo giro operacional sea inviable.
Entre los puntos de consideración del proyecto, Lasso expone que “los cambios experimentados en los órdenes económico y social por el modelo de globalización, internacionalización de la economía y apertura de los mercados imponen la obligación de plantear una serie de reformas al régimen concursal ecuatoriano constante en la Ley de Concurso Preventivo, promulgada en 1997, para establecer un marco normativo que reconozca un régimen de insolvencia empresarial eficaz y eficiente, tendiente a procurar el rescate operacional de operadores económicos cuyo giro del negocio fuere viable”.
Con estos antecedentes, el artículo 1 de la norma señala que el régimen de insolvencia empresarial que se regula en el decreto ley tiene por objeto la protección del crédito, recuperación y conservación de empresas viables como unidades de explotación económica y fuentes generadoras de empleo, y la liquidación ordenada y eficiente de empresas inviables.
El cuerpo legal tiene 214 artículos, contenidos en 20 capítulos. Incorpora dos disposiciones generales, dos transitorias, diez reformatorias y dos derogatorias.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) informó que el proyecto liminará el 100 % de intereses, multas y recargos generados por obligaciones vencidas o por convenios de pago en créditos educativos y ayudas económicas. Permitirá mejorar la calificación crediticia de los usuarios mediante la eliminación del reporte de las operaciones en coactivas para el buró de crédito.
Además, las personas que se encuentren desempleadas tendrán un periodo de gracia de seis meses para pagar sus deudas. Se amplía el beneficio de la condonación total o parcial del crédito para quienes tienen algún grado de discapacidad o sufren enfermedades raras o catastróficas. Incentivará el pago del capital pendiente.
Con estos dos proyectos, ya son cuatro los decretos ley que el presidente Guillermo Lasso ha entregado a la Corte Constitucional desde que declaró la muerte cruzada. De ellos, la CC dio paso a la ley tributaria y rechazó la ley de zonas francas.