Quito, Ecuador
Las últimas actitudes de la Corte Constitucional no sólo que representan un total desconocimiento de la norma vigente, sino que además su postura es, por decir lo menos, paupérrima. Los miembros de la CC han demostrado ser actores políticos más que magistrados. Se nota que no les importa en absoluto el país, su bienestar ni su desarrollo.
Luego de la Muerte Cruzada decretada por el Presidente Guillermo Lasso, la Asamblea de borregos aliadas al caudillo prófugo de Correa dejó de existir en miras a que la Constitucional se enrumbe a los intereses del país.
La gente quiere empleo, bienestar, desarrollo y mejorar su calidad de vida. Se vio que el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, desde 2021, perseguían intereses opuestos al de los del ciudadano y su mezquindad era para alcanzar su único objetivo: impunidad ante su propia corrupción.
Sin embargo, los asambleístas borregos tenían un fin —cuestionable desde luego— pero había una agenda clara. Sin embargo, ¿qué pretende (gana) la Corte Constitucional con sus absurdos dictámenes? Desde el matrimonio igualitario, el aborto por violación y otras ondas de la rancia izquierda y progre de lo woke, los magistrados no dejaron de inclinarse hacia una tendencia fracasada que desconoce el sentido común.
Ahora, el miedo a Leonidas Iza parecería que les hizo pensar a los jueces constitucionales que sería buena idea dar paso al juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso y luego a aceptar una acción de protección de la CONAIE para frenar consultas ambientales para actividades económicas de impacto, lo cual aumentó el riesgo país por la inseguridad jurídica que se profundizó aún más con la supuesta «revisión» del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. Tienen un nulo sentido de amor a la República.
Ecuador apunta al norte y la Corte Constitucional va al sur. Una Asamblea obstruccionista y una Corte que en el fondo se comporta como correísta, nos ha puesto en un dilema ciudadano y político sin precedentes. Cada vez, el país quiere más libertad económica y bienestar mientras sus instituciones se autosabotean sin pensar en lo que requieren los individuos.
Parecería que los nueve jueces no están enterados de la inseguridad (social y normativa), de la baja del precio del petróleo, de la crisis económica mundial, de lo atractivo que puede ser el Ecuador para la inversión extranjera (por la política económica del presidente Lasso) y de las actividades y réditos que representa el ingreso petrolero y minero para el país.
Quizá cada integrante de la CC ande de fiesta pensando que todo marcha bien y más bien parecería que estamos viviendo en el Primer Mundo, porque nos damos más lujos que las naciones ricas del planeta, entre no condonar deudas a estudiantes becarios de la SENESCYT que mantienen exorbitantes créditos con el Estado.
¿Hay esperanza? Sí, con cambios constitucionales que permitan la apertura de inversión extranjera, como la creación de zonas francas, mantener la dolarización a salvo y pago de deuda. Aprovechar una ligera subida del WTI para explotar más petróleo y mantener la economía a flote. Los políticos pretenden mejorar el empleo, pero sin cambiar el obsoleto Código del Trabajo ni proponer la contratación por horas.
El correísmo sigue con su idea de desdolarizar la economía con la llamada «ecuadolarización» que propone en campaña Andrés Arauz. Esto, no hace más que poner aún más nerviosos a inversionistas extranjeros, más a aquellos que tienen problemas fiscales en sus países y ven en Ecuador un país para invertir.
La importancia radica en que la sociedad tampoco se quede al margen y pida acciones contundentes. Las autoridades deben mantener una coherencia en estos tiempos. No hacerlo implicaría llevarnos al abismo y la culpa será netamente de ustedes.
