Quito, Ecuador
Desde que se decretó la muerte cruzada, tanto desde el sector privado como del público, se mantienen a la espera una serie de decisiones, la gran mayoría de ellas urgentes. Evidentemente, la falta de seguridad y la difícil situación económica del país representan hoy el centro de atención de las principales propuestas electorales, pero se está dejando fuera de perspectiva graves problemas sociales que requieren atención inmediata.
Así, en pocos días, cientos de niños y jóvenes de la Sierra y la Amazonía ecuatoriana inician el año escolar y ninguno de los actores políticos está preocupado en este momento por aquellos que, por distintas razones de orden económico, social o cultural, no podrán acceder a la educación. En el régimen Costa, en el período 2022-23, más de 53.000 niños dejaron las aulas, según el Ministerio de Educación. De esta manera, aunque el derecho humano a la Educación está garantizado en la Constitución y en los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, se quedará como letra muerta si no existen verdaderas acciones de cambio.
Caso similar es la protección de los derechos de la mujer. Antes del cierre de la Asamblea, se estaba promoviendo un proyecto de ley que tenía por objeto proteger a las madres y familias que atraviesan la situación de pérdida de un hijo por muerte gestacional, perinatal o neonatal. Se trataba de conseguir una protección para las mujeres víctimas de tratos injustos por el simple hecho de que sus hijos nacieron sin vida, con implicaciones no solo en el ámbito de la salud -mental y física- de la mujer, sino también con afectación de sus derechos laborales o el reconocimiento de ciertos beneficios sociales para las familias que se ven forzadas a afrontar esta situación.
No obstante, este proyecto, junto a otros que requieren una atención prioritaria por estar destinados a atender las necesidades de los grupos más vulnerables, simplemente se quedaron en el limbo a la espera de que termine el juego político forzado por los grupos de poder del país.
Lo más grave de todo es que los actores políticos probablemente ni siquiera son conscientes de toda esta problemática. Casi con seguridad, estos temas tampoco se encuentran en la agenda de la mayoría de las agrupaciones. Tomará bastante tiempo trabajar en el diseño de verdaderas políticas públicas para atender estas necesidades, cuando el gobierno entrante solo estará un año y medio en funciones.
Mientras tanto, cientos de niños, mujeres, ancianos, discapacitados continuarán siendo víctimas de tratos injustos e inhumanos. Me pregunto entonces ¿De qué sirve que exista una norma específica en la Constitución que mande al Estado atender a estos grupos de manera prioritaria, cuando lo que prevalece es el interés político de unos pocos?
Lo cierto es que mientras primen los intereses particulares de cada grupo político, podrán designarse nuevas autoridades, llamarse a consulta popular o asamblea constituyente, pero seguirán sumándose incontables y desgarradoras historias de cientos de personas en especiales condiciones de vulnerabilidad, expuestos a tratos injustos a diario, que más allá de formar parte de los eslóganes políticos, siguen siendo desatendidos porque no existe un verdadero compromiso social para solucionar esta problemática.
María de Lourdes Maldonado
Dignidad y derecho