Quito, Ecuador
Cuando la campaña electoral cabalga ‘en territorio’ y al ritmo que marcan las visitas, los traspiés y novatadas en ambas candidaturas con los fallos que se multiplican en las redes y se tratan de agigantar o desvirtuar, según el juego de intereses en disputa, el país asiste a una batalla insostenible por el abuso y la impunidad.
El modelo inaugurado en Montecristi, entre el entusiasmo popular por el cambio y el intento de instaurar un proyecto autoritario populista que debía durar ‘300 años’, no resiste algunas de sus grandes deficiencias. Los ideólogos del fallido entramado que buscaba consolidar el pseudo socialismo del siglo XXI exploran por todos los medios resquicios que les permita apuntalar su poder, debilitar las ya endebles instituciones que quedan en pie y copar espacios para construir su perverso relato, apoderarse de espacios del poder para sobrevivir, en el supuesto de una derrota electoral posible.
El bochorno en la Justicia fue enorme. La víspera de las elecciones, en una borrascosa sesión del Consejo Nacional de la Judicatura, CJ, que fue bloqueada para evitar que trascienda la maniobra, con dos votos – uno evidentemente descalificado por la farragosa e inentendible participación de un vocal – y otro voto del presidente del CJ, se destituyó al juez de la Corte Nacional, Walter Macías.
La posterior divulgación del transcurso de la sesión permitió al país conocer lo que había sucedido. El CJ lo integran cinco vocales. Como proclamó la secretaria, hubo dos votos para la destitución. La norma, en tema tan delicado como la destitución de un juez nacional debiera ser clara, se requerirían al menos tres votos. Pero la ‘corrección’ que hizo el presidente del CJ a Secretaría es, al menos confusa y se dijo que la destitución tenía efecto.
El juez interpuso una medida de protección que está por resolverse.
La Corte Nacional de Justicia retiró la confianza en el presidente del CJ, cuya postulación había promovido tiempo antes, y pidió a los dos vocales de este organismo que estaban siendo juzgados por el juez Macías que den un paso al costado cuando se trate de asuntos donde existe un evidente conflicto de intereses.
Pero la exhortación no tiene efectos jurídicos, aunque sí supone una advertencia moral demoledora. Vamos a ver si la Asamblea Nacional, cuando se instale, considera si hay causal para un juicio político y destitución a los vocales del CJ que propiciaron este bochorno.
En la medianoche del miércoles el CJ volvió a hacer una jugada parecida. Otra vez con dos votos extendió los períodos de varios jueces nacionales, varios de ellos tienen en sus manos casos delicados donde actores políticos están encausados.
En ambos casos el ex presidente del CJ, Fausto Murillo no coincidió con las decisiones.
Muchos de los actores sentenciados buscan la impunidad, ellos siguen argumentando persecución política. Las aristas de un posible plan de revisión de sentencias que están en firme se verán en poco tiempo más. Los corruptos son implacables.
La visión del presidente del CJ es que hay una persecución mediática. Cualquier parecido con las teorías que combatieron a los medios desde el poder autoritario, no parecería casualidad. Son coincidencias preocupantes y reveladoras.
En otro espacio de aquellos instaurados por la Constitución de Montecristi, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se fraguó en días pasados una controvertida puesta en escena.
Una petición ante un juez de Montecristi, logró conseguir que el operador de justicia solicite al Cpccs que instaure una veeduría.
El presidente del Cpccs, y ex abogado defensor de Rafael Correa, dijo que se trataría de revisar la actuación del ‘trujillato’ y sus atrocidades.
Si un patriota que pasó por la política con una trayectoria intachable hay, ese fue el Dr. Julio César Trujillo. Es inaceptable que se lo intente descalificar. La historia sabrá poner a cada quien en su lugar.
La posibilidad de revisar actuaciones blindadas por la Corte Constitucional y que fueron, además, resultado de una consulta popular, hizo sonrojar a académicos y constitucionalistas. Algunos recordaron que el Cpccs y sus miembros son sujetos de destitución, si se extralimitan en sus atribuciones, como ya sucedió en un episodio pasado. Entonces la versión del presidente del Cpccs, cambió, suavizó sus palabras.
En la mente atroz de quienes idearon un sistema de controles lejano al clásico de pesos y contrapesos y se inventaron los cinco poderes del Estado, la idea de la participación ciudadana como espacio de poder de la gente lucía como interesante.
En la práctica, el Cpccs, fue cooptado desde el principio por el poder político reinante. Jamás los ciudadanos tuvieron voz. Nunca ese organismo revisó acciones donde la corrupción presunta había hecho presa de la situación.
Cuando las normas cambiaron hacia la elección popular de sus vocales las cosas fueron a peor. Recordemos el triste mandato del cura Tuárez, que acabó tras las rejas, las campañas de candidatos con colores de una tienda política, cuando su identificación política está expresamente prohibida y el intento de copar los concursos de autoridades del Estado con quienes tienen favoritismo por personajes políticos desvirtuando la idea de colocar personas independientes y de cualidades cívicas y probidad notoria en organismos de funciones delicadas.
Quizá, todos estos resquicios que ha dejado el modelo fallido den argumentos para una reforma constitucional, que, por un lado, evite que ningún caudillo ni maleante disfrazado de político quiera volver a meter las manos en la justicia y que, en otros espacios, a título de la participación ciudadana, se quiera volver a someter a la sociedad a un poder muy lejano de una democracia representativa y de libre juego de las ideas como merece de una vez y para siempre nuestro atribulado país. Ya va siendo hora.
Contra la impunidad y el atropello a la convivencia civilizada los ecuatorianos de bien deben hacer una cruzada cívica.
