La Presidencia de la República reaccionó ante la decisión judicial de ordanar el traslado desde una cárcel de máxima seguridad a una celda regular de alias Fito, jefe de Los Choneros, el más importante cartel de narcotráfico del Ecuador, y volvió a arremeter contra ciertos jueces que aplican fallos que disgustan al Ejecutivo.
«Es indignante la decisión del juez Diego Poma, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, con sede en el cantón Guayaquil, de ordenar el traslado» de «Fito» desde La Roca a la Regional de Guayaquil», señaló la Presidencia en un comunicado.
Asimismo, indicó que el juez no ha valorado «el historial delictivo de esta persona y el peligro que representa para la sociedad ecuatoriana», por lo que, «al ser un asunto de seguridad nacional y pensando en la seguridad de los ecuatorianos, el SNAI agotará todos los mecanismos legales para lograr la revocatoria de esta indignante decisión«.
«Queremos insistir a la ciudadanía que la actuación de jueces improbos pone en riesgo su seguridad y boicotea el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que a diario arriesgan su vida en la lucha contra el crimen organizado», concluyó la Presidencia.
El pasado 12 de agosto, «Fito» fue trasladado de la cárcel Regional de Guayaquil a La Roca, tras una intervención de las fuerzas del orden por asuntos de seguridad, en el que participaron cerca de 4.000 policías y militares.
«Fito» ha sido identificado como el presunto líder de la banda criminal «Los Choneros», pero también fue mencionado por el asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio como parte de las amenazas de muerte que había recibido días antes de que se produjera su crimen el pasado 9 de agosto.
El reo fue condenado en 2011 a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, y en 2013 se fugó de La Roca junto a otros presos, hasta que fue recapturado meses después.
También se le ha vinculado de estar detrás de algunas de la serie de masacres carcelarias que se han producido en Ecuador desde 2020 y que han dejado más de 400 presos asesinados en enfrentamientos entre bandas rivales por la disputa del control de las prisiones.
