El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, negó la acusación de Mishelle Calvache por la supuesta adulteración de un documento público que fue enviado a la Corte Constitucional y por la cual realizó una denuncia.
Vera indicó que comprobará antes los tribunales que esa denuncia es falsa y que los consejeros estarían dirigiendo una ola de desprestigio contra la institución.
“Este es un disparate más. Es lamentable que lejos de ejercer la actividad como consejeros (…) se pretenda generar una ola de desinformación”, dijo Vera.
Así mismo, señaló que no existe probabilidad del supuesto cambio en el informe y que Calvache realiza esta denuncia por un supuesto desconocimiento de los procesos de la institución.
“Como es de costumbre la consejera (Calvache) o no estuvo o estaba con el micrófono apagado. Tenemos audio y video y ya lo vamos a generar y demostrar que todas las observaciones se trataron en el pleno. Las que fueron consideradas por la mayoría de los votos se incluyeron, otras no”, afirmó Vera.
No obstante, para Calvache, se buscaría afectar la designación de la Fiscal General del Estado. “Encontré que se pusieron y se sacaron algunos párrafos incluso con el fin de, un poco, quitar esta responsabilidad que va a tener el lunes en la Corte Constitucional”, sostuvo la consejera.
Vera se mantiene en que las acusaciones son falsas. «En ningún momento este informe ataca ni genera ningún acto respecto a la designación, concurso o asignación de la Fiscal General del Estado, es respecto a artículos académicos que son del 2020. No tienen nada que ver con la designación de la Fiscal”.
Teleamazonas informa que Calvache ya realizó la denuncia por supuesto fraude procesal y de comprobarse se generarían implicaciones legales. “La persona que falsifique, destruya o adultere los efectos o sentidos de un documento público o privado puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de cinco a siete años”, señala la experta penal, Marcela Estrella.