En Quito, apenas 48 de los 103 candidatos que buscaban el cargo de contralor del Estado se presentaron para realizar el examen escrito, un paso crucial en el proceso de selección. El evento, organizado por una comisión ciudadana, tuvo lugar en el colegio Sebastián de Benalcázar. A pesar de que la prueba constaba de 50 preguntas, previamente publicadas en un cuestionario, surgieron controversias debido a preguntas repetidas, errores y datos desactualizados.
Según información de El Universo, entre los 103 contendientes, Alejandra Vivanco, exfuncionaria de la Contraloría entre 1997 y 2017, destacó al obtener la máxima puntuación posible, alcanzando 49.5/50. Asimismo, Juan Falconí Puig, exsuperintendente de Bancos y exembajador en el gobierno de Rafael Correa, obtuvo 47/50 puntos, situándose entre los mejor puntuados.
La jornada no estuvo exenta de tensiones, ya que a su llegada, Falconí fue objeto de manifestaciones hostiles por parte de un grupo de protestantes. Los manifestantes, portando banderas de Ecuador, expresaron su descontento con gritos y lanzamiento de huevos, repudiando la participación del candidato.
El proceso de designación del nuevo contralor ha enfrentado diversas controversias, desde acciones legales hasta investigaciones judiciales y alertas de irregularidades. Se estima que, de no haber intervenciones legales, el nombre del nuevo contralor será revelado entre el 9 y 10 de octubre, asumiendo el cargo por los próximos cinco años.
Tras la culminación del examen, se abrirá un período de tres días para que los candidatos puedan solicitar recalificación de sus calificaciones, seguido por otros tres días para que la comisión resuelva. La puntuación obtenida se sumará a la nota de méritos de la fase anterior, con un total de 100 puntos, y se presentará como informe final al Consejo de Participación Ciudadana para la designación en un plazo de dos días.
La decisión final recae en el voto mayoritario o unánime de los consejeros, compuestos por Yadira Saltos, Augusto Verduga, Johanna Verdezoto y Alembert Vera en la mayoría, y Mishelle Calvache, Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz en la minoría.
Este proceso adquiere relevancia debido a la función fundamental de la Contraloría General como institución encargada del control del uso adecuado de los recursos públicos en el país, con la capacidad de determinar responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal relacionados con la gestión y utilización de recursos públicos. En caso de detectar indicios de responsabilidad penal, remite los casos a la Fiscalía General para su investigación.