Un juez ordenó prisión preventiva para dos de los cinco detenidos por el supuesto delito de tráfico de influencias en Pichincha y Cotopaxi. Tras la audiencia estarán en prisión un funcionario de la Fiscalía y una del Consejo de la Judicatura.
La Fiscalía General del Ecuador y la Policía Nacional allanaron el 14 de noviembre de 2023 las oficinas del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía de Cotopaxi. Lo realizaron en medio de una investigación por supuesto tráfico de influencias. Entre los detenidos se halla la directora provincial de la Judicatura, Patricia Ventimilla.
El Consejo de la Judicatura comunicó este 15 de noviembre de 2023, que Veintimilla fue removida de su cargo. La remoción fue aprobada con el voto unánime de los consejeros de la Judicatura, indicó el organismo en su cuenta de «X» (antes Twitter).
🔵 #ATENCIÓN | Pleno del @CJudicaturaEc promueve la transparencia de la #FunciónJudicial. En este marco, removió de su cargo a la Directora de #Cotopaxi, Patricia Veintimilla. pic.twitter.com/GUOuTdXh2Q
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) November 15, 2023
Dijeron que se comenzó una intervención en la Dirección Provincial de Cotopaxi. Esta será por medio de la Subdirección de Control disciplinario.
Hubo un total de 31 allanamientos a distintos inmuebles. Entre las instituciones intervenidas están la Fiscalía de Pujilí y el Complejo Judicial de Cotopaxi, dio a conocer la entidad a través de su cuenta de «X».
#AHORA | En el marco de una investigación por presunto #tráficodeinfluencias, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan 31 allanamientos en #Cotopaxi y #Pichincha. Entre los inmuebles intervenidos están la Fiscalía de #Pujilí y el Complejo Judicial de #Cotopaxi. Hay 5 detenidos. pic.twitter.com/ivCSR0tCzX
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 14, 2023
Teleamazonas informa que los allanamientos ocurren en el marco de una investigación a los servidores de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura por aparente tráfico de influencias.
De acuerdo con la FGE, los funcionarios habrían ejercido influencia en servidores públicos. El propósito: obtener un beneficio económico, a fin de favorecer a terceros en procesos judiciales y de contratación de personal.