La Comisión de Fiscalización, presidida por Pamela Aguirre del correísmo informó tiene vacíos legales para proseguir con los juicios políticos, por lo que una consulta a la Procuraduría General del Estado (PGE) o al equipo jurídico de la Asamblea Nacional son las vías que analiza la Comisión de Fiscalización del Parlamento para resolver dichos huecos jurídico generado tras la muerte cruzada, y que permita continuar con el trámite.
La mesa legislativa prevé mantener este 21 de noviembre de 2023, a las 15:00, su primera sesión para trazar la agenda de trabajo y definir prioridades. «Análisis y debates previos a la construcción y posterior presentación y aprobación del plan general de trabajo de la comisión de fiscalización», reza el texto de la convocatoria.
Tanto Aguirre como César Umajinga, del oficialismo y también integrante de la comisión, anticiparon criterios en torno al mecanismo para la sustanciación de los procesos de interpelación que quedaron pendientes tras la muerte cruzada, hecho que derivó en la suspensión de plazos y el cambio de interpelantes.
Aguirre declaró a diario La Hora «que a través del Consejo de Administración Legislativa (CAL) se podría obtener una guía para realizar una interpretación a la ley respecto de los plazos y de los interpelantes. Para Umajinga, otra opción sería consultar al departamento jurídico», sostuvo.
Muerte cruzada dejó un «limbo político» en los plazos
Tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de adelantar elecciones y destruir al Parlamento, los plazos y los ponentes de varios procesos quedaron en el limbo jurídico.
Pues el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que «los juicios políticos se tramitan en la Comisión de Fiscalización en orden de llegada y no de forma simultánea».
Entonces, “si durante el proceso de sustanciación de un juicio político, el CAL remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la Comisión”, dice la norma legal.
Bajo esa perspectiva, para Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), primero tendrían que conocer y resolver el proceso que se sigue a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se presentó el 11 de noviembre de 2021.