La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves en Managua una ley que reduce la indemnización por antigüedad a los trabajadores del Estado en caso de renuncia.
La denomina «Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado», promovida por los diputados sandinistas, establece una nueva tabla de indemnizaciones según la cantidad de años de servicio continuo, que recorta el pago de la liquidación en detrimento de los empleados del sector público que decidan renunciar a sus puestos.
La nueva normativa, aprobada de forma unánime, señala que los trabajadores del Estado que decidan renunciar tendrán derecho a su liquidación a partir de los tres años de servicio continuo, y no a partir del primer año, como era hasta ahora.
Los trabajadores del sector público que tengan de 3 a 10 años de servicio continuo obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria, según la nueva tabla.
Los empleados estatales que renuncien con 10 a 15 años de servicio continuo recibirán dos meses de salario; los de 15 años a 20 años, la indemnización será el equivalente a tres meses de salario; y los que acumulen 20 años o más recibirán el equivalente a cinco meses de salario, de acuerdo a la nueva ley.
Hasta ahora, un empleado público recibe un mes de salario por cada uno de los tres primeros años de trabajo, y más 20 días de salario a partir del cuarto año. En ningún caso la indemnización es menor de un mes ni mayor de cinco meses, y las fracciones entre los años trabajados se liquidan proporcionalmente, según el Código del Trabajo.
La indemnización no aplica a trabajadores nombrados por el presidente
Sin embargo con la nueva ley, los trabajadores del Estado que lleven menos de tres años y renuncien no recibirán nada en concepto de antigüedad, y los que aspiren a la indemnización máxima, de cinco meses de salario y que antes se obtenía con seis años de trabajo, tendrán que laborar ahora 20 años o más.
El nuevo cálculo de la antigüedad aplica para «todos los trabajadores del sector público, sean estos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, Entes Autónomos y Gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe», según el texto legislativo.
La indemnización no será aplicable a los trabajadores del Estado que sean promovidos a aplicar cargos por nombramiento del Presidente de la República, según la normativa, que por ley, no es retroactiva.
En la exposición de motivos, los legisladores justificaron que «regular las indemnizaciones por antigüedad es una de las medidas que se requieren impulsar para que permanezca el respeto al derecho de los trabajadores ante la renuncia».
Opositor protesta contra la medida
Para el abogado nicaragüense exiliado Yader Morazán, el Gobierno que preside Daniel Ortega «traiciona a los trabajadores del Estado que lo sostienen en el poder y particularmente a los de nuevo ingreso, condicionándoles sus renuncias», tal como lo hizo con la Policía» Nacional.
«Antes, a partir del año, tenías derecho a la indemnización por antigüedad, y una vez aprobada la nueva Ley, será a partir de los tres años. Y aunque al menos en teoría la ley rige para el futuro, habría que ver si le dan efecto retroactivo, como lo han venido haciendo en los últimos años», comentó Morazán en su cuenta de la red social X (antes Twitter). EFE (I)