La Cancillería ha informado a la Embajada de México que para el Gobierno del Ecuador «resulta jurídicamente evidente que no sería lícita la concesión de asilo diplomático», al exvicepresidente Jorge Glas, presuntamente refugiado en esa sede, «en virtud del artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954».
Glas ha entrado en la Embajada de Mexico, minutos después que circulara en redes sociales que la Fiscalía General del Estado ha solicitado, este sábado 16 de diciembre, al comandante de la Policía Nacional, César Zapata Correa, que localice, detenga y traslade al exvicepresidente para llevar a cabo diversas diligencias investigativas.
La Fiscal Diana Salazar invocó en el escrito el Código Orgánico Integral Penal, que en uno de sus artículos dispone que el fiscal podrá «impedir, por un tiempo no mayor de doce horas, que las personas cuya información sea necesaria o sospechosos, se ausenten del lugar» de la investigación.
Aunque en el documento no especifica la causa en cuya investigación se requiere la presencia de Glas, se cree que se trata la de presunto peculado en obras por la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.
Glas también enfrenta acusaciones de intimidación formuladas por Soledad Padilla, exasistente del exvicepresidente.
Dos condenas anteriores
Jimena Mena Martínez, fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, ha sido delegada por la Fiscalía para gestionar la recepción de testimonios y cualquier otro trámite necesario. Se ha pedido expresamente que Glas no sea esposado durante el requerimiento.
El último pedido de detención de Glas por parte de la fiscal general del Estado se dio pocos días después de que la justicia ordenara la prisión preventiva del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, detenido el jueves como parte del caso ‘Metástasis’, referente a una presunta trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por la supuesta infiltración y sobornos del narcotráfico.
Jorge Glas fue vicepresidente de la República en el segundo período del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), y ya estuvo en la cárcel entre 2017 y 2022 tras ser condenado en última instancia en dos causas, ambas por solicitar y recibir sobornos.
