La Fiscalía General del Estado ha solicitado, este sábado 16 de diciembre, al comandante de la Policía Nacional, César Zapata Correa, que localice, detenga y traslade al exvicepresidente Jorge Glas Espinel para llevar a cabo diversas diligencias investigativas.
Salazar invocó en el escrito el Código Orgánico Integral Penal, que en uno de sus artículos dispone que el fiscal podrá «impedir, por un tiempo no mayor de doce horas, que las personas cuya información sea necesaria o sospechosos, se ausenten del lugar» de la investigación.
Aunque en el documento no especifica la causa en cuya investigación se requiere la presencia de Glas, se cree que se trata la de presunto peculado en obras por la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.
Glas también enfrenta acusaciones de intimidación formuladas por Soledad Padilla, exasistente del exvicepresidente.
Jimena Mena Martínez, fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, ha sido delegada por la Fiscalía para gestionar la recepción de testimonios y cualquier otro trámite necesario. Se ha pedido expresamente que Glas no sea esposado durante el requerimiento.
Oficialmente, la Fiscalía no ha informado de la orden de capturar a Glas. En cambio, sí ha emitido un comunicado en el que recuerda a actores políticos y medios de comunicación que la difusión de información restringida es penado por la ley con uno a tres años de prisión. “La reserva de la información es fundamental para el correcto desarrollo de las investigaciones”.
¿Asilo en México?
La Cancillería, en cambio, sí emitió un comunicado en X, ante el rumor no confirmado de que Glas se ha refugiado en la embajada de México en Quito.
«Ante información de la presencia del señor Jorge Glas en la sede de la Embajada de México, Cancilleria realiza las acciones necesarias con ese Gobierno para que el requerimiento de la Fiscalía General del Estado, respecto del ciudadano ecuatoriano en referencia, pueda cumplirse», ha dicho la Cancillería.
Minutos después ha tuiteado: «El Ecuador exhorta a las autoridades mexicanas a que inviten al señor Glas a cooperar con las autoridades policiales, y se encuentra expectante de la cooperación que Mexico brinde para tal efecto».
El pasado 29 de noviembre, el juez Luis Rivera dejó en manos de la Asamblea Nacional, por un supuesto fuero de corte, la posibilidad de abrir un nuevo juicio contra el exvicepresidente Glas, por un caso de malversación de fondos públicos en la contratación de obra pública para la reconstrucción de Manabí, decisión que la Fiscalía calificó de «innecesaria y dilatoria» al no ser ya un funcionario público.
Glas dejó de ser vicepresidente en 2017, esto es, hace seis años, por lo que la Fiscalía considera que no goza de ningún fuero.
Dos condenas anteriores
Pese a ello, como el supuesto delito se habría perpetrado mientras era Vicepresidente, Rivera envió a la Asamblea un escrito en el que pedía que dirima la posibilidad de iniciar un nuevo proceso legal contra Glas, quien recuperó la libertad hace un año tras haber pasado cinco en la cárcel por condenas de supuesta corrupción, que el reo consideró como una persecución política y judicial en su contra.
Glas incluso reivindicó su inocencia en dos casos en los que ya fue condenado por presunta asociación ilícita y cohecho, luego de que la Justicia de Brasil anulara pruebas informáticas del entramado de corrupción de la constructora Odebrecht, que también apuntaban al exvicepresidente ecuatoriano.
La Fiscalía alegó que la culpabilidad de Glas en esos hechos se sentenció en base a otras pruebas.
El último pedido de detención de Glas por parte de la fiscal general del Estado se dio pocos días después de que la justicia ordenara la prisión preventiva del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, detenido el jueves como parte del caso ‘Metástasis’, referente a una presunta trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por la supuesta infiltración y sobornos del narcotráfico.
Jorge Glas fue vicepresidente de la República en el segundo período del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), y ya estuvo en la cárcel entre 2017 y 2022 tras ser condenado en última instancia en dos causas, ambas por solicitar y recibir sobornos.
