La candidata presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, aseguró este jueves que aún «queda mucho por recorrer» para la liberación de los detenidos que son considerados presos políticos, luego de que el miércoles fueran excarceladas una treintena de personas, entre ellas 10 estadounidenses.
Al respecto, la exdiputada dijo hoy en un comunicado que «si bien significa un avance, todavía queda mucho por recorrer», ya que «cientos de civiles, militares y funcionarios policiales permanecen ilegalmente cautivos, algunos por más de 20 años», con cuya libertad -afirmó- está «comprometida».
El Gobierno de Nicolás Maduro, tras negociaciones con la Administración de Joe Biden, excarceló a más de 30 personas el miércoles a cambio de la libertad de uno de sus más estrechos colaboradores, el empresario colombiano Alex Saab, quien se encontraba preso en Miami, acusado de conspiración para lavado de dinero.
Sin embargo, Machado dijo que, en Venezuela, «cada vez que se produce la liberación de unos ciudadanos, otros pasan a ser víctimas de una perversa maquinaria de represión».
«Se liberan unos rehenes solo para que otros ocupen su lugar», aseguró la líder opositora, quien llamó a «conquistar» la «libertad» del país «para que no haya rehenes políticos».
La liberación de estos «presos políticos», prosiguió, fue un «episodio dentro» de una «ruta en construcción» hacia unas elecciones presidenciales «libres y justas», a las que «el régimen» -en referencia al Gobierno venezolano- «aún se resiste porque se sabe perdido».
Machado arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre pasado, cuando recibió el 92,35 % de los votos, con lo que se convirtió en la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a las presidenciales, previstas para el segundo semestre del próximo año, en las que espera participar, pero, para ello, es necesario que sea levantada la inhabilitación que pesa sobre ella y que le impide ocupar cargos de elección popular hasta 2030.
El Supremo, al que Machado acudió el viernes pasado a presentar su caso, a propósito del proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el Gobierno y la PUD, anunció este miércoles que ha dado tres días a la Contraloría General para presentar la documentación que justifica la sanción de 15 años impuesta a la exdiputada, quien asegura no haber sido notificada de esta medida. EFE (I)