El Gobierno de Guatemala, bajo el mando del presidente, Bernardo Arévalo de León, denunció este jueves al secretario general del Ministerio Público (Fiscalía), Ángel Pineda Ávila, por malversación de fondos públicos.
La denuncia fue realizada por el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, ante la Contraloría General de Cuentas del país centroamericano.
Guerrero explicó que la denuncia nace por instrucciones de Arévalo de León, debido al supuesto uso de fondos públicos de manera ilegal para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero, específicamente en Estados Unidos.
«El 16 de noviembre de 2021, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda Ávila, dirigió un oficio al presidente en aquel entonces, Alejandro Giammattei», expuso Guerrero ante periodistas.
En el oficio, Pineda Ávila solicitó aval a Giammattei para poder contratar a un bufete de abogados en Estados Unidos para perseguir a guatemaltecos exiliados en el extranjero, añadió Guerrero.
De acuerdo a la misma fuente, Giammattei aceptó la contratación de los abogados por un monto de 461.600 quetzales mensuales (alrededor de 57.000 dólares).
«Por lo anterior, acudo en estos momentos a la Contraloría General de la Nación para solicitar auditoría al Ministerio Público en relación con los hechos antes descritos ocurridos en 2021 y 2022», dijo Guerrero.
Durante el Gobierno de Giammattei, más de 50 personas entre periodistas, jueces y fiscales tuvieron que salir exiliados debido a la persecución del Ministerio Público.
Pineda Ávila fue señalado junto a la fiscal general, Consuelo Porras, en 2023, como uno de los principales promotores para evitar la investidura del nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, que finalmente se concretó el pasado 14 de enero.
Esta es la segunda denuncia del Gobierno de Arévalo contra la Fiscalía, pues el pasado 29 de febrero el Ejecutivo presentó denuncia penal y una solicitud de antejuicio contra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, por el supuesto delito de «incumplimiento de deberes». EFE (I)