El exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga y otras doce personas fueron vinculadas por la Fiscalía en la investigación que se sigue por el caso Metástasis. La mañana del 15 de marzo, Diana Salazar, fiscal general del Estado, formuló cargos en contra de los nuevos implicados en el aparente crimen de delincuencia organizada.
Cada uno de ellos, de acuerdo con Salazar, tuvo un rol específico dentro de la trama de corrupción. Ronny Aleaga, «desde su posición habría actuado para silenciar al excandidato presidencial Fernando Villavicencio«, según señaló Salazar.
“Ronny Aleaga, como colaborador de este grupo de delincuencia organizada, se aseguraba de callar a las voces capaces de entorpecer esa operatividad criminal, así como de comunicar los trabajos desarrollados en el marco de la fiscalización, en el marco del control político, a fin de guiar las decisiones que se tomen en su gestión delictiva. No estaba para realizar las leyes, sino para acoplar la estrategia de persecución a sus opositores para acallarlos, ya sea mediante la presentación de denuncias, de informes y también de requerir información que era luego coordinada y trabajada directamente con el líder de esta estructura, Xavier Jordán”, dijo la Fiscal.
Dijo que uno de los fines perseguidos por Jordan, al que describió como líder de este “grupo criminal organizado” era lograr la impunidad de los procesos penales que la justicia mantenía en contra del narcotraficante Leandro Norero y su familia. En este ámbito participó Aleaga, entonces asambleísta nacional y miembro de la Comisión de Fiscalización.
La Fiscalía resaltó importancia de la filtración de la denominada “foto de Los Tetones”, en la que se ve a Aleaga y Xavier Jordán.
“El éxito de la dinámica delictiva de esta clase de criminalidad es la clandestinidad y se preocupan cuando les toman las fotos y se preocupan cuando los exhiben en la piscina. Por lo tanto, al estar frente al escrutinio público, se ponía en riesgo su finalidad de seguir en la impunidad, de seguir escondidos, de negar su relacionamiento, pues las decisiones previamente concertadas con funcionarios judiciales dejarían de ser desapercibidas y se convertirían en potenciales nuevos procesos en su contra”, sostuvo Salazar.
Otros 12 involucrados
En este caso, la Fiscalía también vinculó a la ex comisionada de pacificación Claudia Garzón. La tesis presentada por Salazar es que la mujer participó en la obtención de varias comodidades penitenciarias para Leandro Norero (+). Esto, como integrante de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación.
Yanina Villagómez, fiscal de Guayas, habría sido el brazo jurídico al que acudían los cabecillas de la organización para conseguir asesoramiento y buscar apoyo en varios procesos judiciales contra Leandro Norero y su círculo cercano.
Juan Pablo Jaramillo Dávila proveyó de insumos médicos a hospitales públicos de Guayaquil y actualmente también es procesado por peculado. En el caso Metástasis, su rol habría sido facilitar depósitos para conseguir comodidades para Norero dentro de Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Él hizo un depósito de USD 1 200 a la procesada y guía carcelaria Katherine Guaita.
Carlos Mendoza es el segundo guía carcelario, a quien la fiscalía señala por ayudar a Norero durante su estadía en la prisión.
Doris Oviedo, perito especializada en finanzas que actuó en los casos Yunda y Sobornos, fue la encargada de la investigación en el proceso de lavado de activos contra Norero y su familia. Aparentemente, habría participado en la manipulación de elementos de convicción junto con los procesados Héctor David P. y Cristian Reinaldo Ch.
Myriam Delgado Chávez, académica que también conforma la Comisión de Pacificación de las prisiones. De acuerdo con la Fiscalía, ayudó a Norero a tener comodidades mientras estuvo en la cárcel, a cambio de dinero.
Elio Ernesto A. colaboró con Leandro Norero en la prisión de Cotopaxi. Recibió USD 2 000 para comprar «varios chanchos» que el narcotraficante le solicitó para celebrar el Día de Recluso.
El expolicía Ángel Eduardo L. fue el encargado de realizar el seguimiento a la agente fiscal Lidia Sarabia, quien se hallaba a cargo del expediente de lavado de activos de Norero.
Romel David T. juez de Cotopaxi, a través del procesado Cristian R. negociaba y convencía a otros jueces para emitir resoluciones sobre medidas cautelares en beneficio de la cúpula de la organización.
Eduardo Alejandro R. era socio y accionista de Vilmar C. en la empresa de seguridad Centro de Investigación y Protección – CEINPRO CIA. LTDA. Su posición le permitió colaborar en el financiamiento que el líder del grupo criminal requería para conseguir comodidades en el Centro de Rehabilitación donde estaba recluido. El dinero era depositado en la cuenta de Katherine Guaita.
Según Ecuavisa, Marcel Adrián L., alias el Joyero, era el operador financiero de la cúpula criminal. Manejaba dinero y propiedades de Leandro Norero, que provenían del financiamiento, en mayor medida, de Xavier J.