Guayaquil, Ecuador
Lamentablemente, la corrupción es el cáncer del Ecuador. Esta plaga ha puesto en crisis no solo la institucionalidad del país, sino la democracia misma. En ese sentido, las detenciones de figuras reconocidas en el operativo «La Purga» y las nuevas vinculaciones en el caso Metástasis son avances esperanzadores.
La gravedad de esta enfermedad que está aniquilando al Ecuador es difícil de medir. Ver a fiscales y jueces (los llamados a defender la justicia y el derecho en el país) involucrados en actos de corrupción y en complicidad con grupos terroristas nos advierte un poco de la putrefacción que vive nuestro sistema.
Un principio básico de la democracia es limitar el ejercicio del poder que ejercen los políticos y funcionarios públicos. En ese sentido, la democracia nace con el propósito de que sean los ciudadanos los que ostenten el poder de direccionar el rumbo del país. Esta consigna se ve aniquilada con la corrupción, la cual subsiste precisamente cuando no se limita ni se vigila el actuar del poder. Es penoso el quemeimportismo de los ecuatorianos, bastante mal acostumbrados a pensar que la democracia es solo ir a sufragar en las urnas por un representante cada cierto tiempo.
Posiblemente este mal es tan antiguo como el Ecuador mismo. Hemos tenido gobiernos caudillistas, dictatoriales, democráticos, de izquierda y de derecha. Esta enfermedad ha estado presente en sucesivos gobiernos, sin importar las etiquetas ni ideologías. A veces en menores o en mayores grados. Tristemente, pareciera ser un elemento distintivo de nuestra identidad como país.
Los efectos dañinos de esta situación son incontables y perjudican la vida de cada ciudadano aún cuando no parezca tan palpable este perjuicio. Desde el mal uso de fondos públicos (cuyo costo siempre recae en abusos de política tributaria), hasta sentencias judiciales que vulneran los derechos de los desprotegidos. Incluso actuaciones de municipios contra grupos vulnerables son algunos de los efectos de este mal.
La corrupción no es meramente «un acuerdo entre privados» como mencionaba cierto ex presidente. También es todo mal uso de funciones y recursos de los que dispone un funcionario del Estado en el ejercicio de sus potestades. A partir de ahí, las malversaciones de fondos, las obras con sobreprecio, los proyectos mal ejecutados y las actuaciones ilegítimas del poder son actos de corrupción. Mucho más si tenemos en cuenta que hay recursos públicos de por medio, que salen del bolsillo de los ciudadanos. En suma, esta es una espiral de vicios que acaba perjudicando a la totalidad de la sociedad.
Pequeña muestra del alcance perjudicial que tiene la corrupción lo vamos a palpar en los próximos días, cuando entre en vigor la subida del IVA. Esta es una medida bochornosa que se ha tomado con el objetivo de priorizar la recaudación tributaria por encima de los bolsillos de los ciudadanos y empresas. La medida se toma porque el Estado no tiene recursos para cubrir sus gastos, pese a que no hemos visto grandes mejoras en las instituciones públicas. ¿A dónde fue a parar la plata?
La intuición de muchos ciudadanos podría advertir que (en buena medida) la falta de liquidez se debe a la malversación de fondos públicos por parte de quienes deberían ser los guardianes del dinero de los contribuyentes. En tal contexto, ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos para limitar y controlar a nuestros gobernantes?
La normativa ecuatoriana facilita un amplio abanico de recursos para ser partícipes y controladores dentro de la política. Mecanismos como la silla vacía, asambleas ciudadanas, veedurías, entre otros, son herramientas que debemos utilizar para hacer efectiva la democracia. Sin embargo, muchas veces desconocemos o no queremos informarnos tan siquiera sobre estas espadas a nuestra disposición.
Pero más allá de los elementos legales, el primer recurso que tenemos los ciudadanos para luchar contra la corrupción es la participación y el interés por los asuntos públicos. Es indispensable que cada ecuatoriano reconozca su rol de ciudadano, de actor político y se informe sobre el accionar de sus representantes. Esta evaluación comienza desde el momento en que un político se perfila para un cargo público. No se deben escatimar recursos en investigar y analizar el perfil de un candidato. Incluso, es necesario analizar con lupa el uso de los fondos en campaña. Si una persona no es transparente en su campaña, muy difícilmente lo será cuando ostente el poder.
Debemos enterrar el mito de que la clase política son “Los Padres de la Patria”. Por el contrario, hay que reconocerlos como sirvientes a quienes hay exigirles que rindan cuentas de sus acciones y decisiones. También hay que dejar en el olvido aquella idea de que algún político será el mesías que mágicamente nos librará de todos nuestros problemas. En realidad, lo que nos corresponde como ciudadanos es ser custodios de cada actividad que cualquier funcionario o autoridad realicen.
La corrupción está presente tanto en conservadores como en progresistas. En partidos políticos de todos los colores, ya sean de izquierda o de derecha. Por lo tanto, es deber fundamental de cada defensor de la libertad y la democracia ser un luchador activo contra este dragón que erosiona la armonía de una sociedad.
