Pablo Muentes, ex miembro de la Asamblea Nacional, enfrenta acusaciones relacionadas con el caso Purga, un proceso legal que investiga delitos de delincuencia organizada en Ecuador. Si bien no es uno de los 52 acusados en el caso Metástasis, su nombre surgió durante el testimonio anticipado de Mayra Salazar, una comunicadora vinculada al caso.
Según el relato de Salazar ante la Corte Nacional de Justicia, Muentes habría estado involucrado en negociaciones de contratos de limpieza para dependencias judiciales en Guayaquil y la provincia de Guayas. Estos contratos fueron retirados por María Josefa Coronel, entonces directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, lo que generó conflictos y ataques, según Salazar.
La comunicadora mencionó la existencia de cuentas «troll» controladas por ella que aparentemente defendían a Muentes atacando a personas con las que tenía problemas, como Ricardo Noboa Bejarano, abogado del Banco del Pacífico, María Josefa Coronel, y el periodista Guillermo Lizarzaburu. En sus comunicaciones, Muentes estaba registrado bajo diferentes nombres, como «Pablito» y «Geremy Morton New».
Salazar afirmó que Muentes se beneficiaba de contratos de limpieza a través de asociaciones vinculadas a él, lo que, según ella, afectaba negativamente a los funcionarios judiciales y a los usuarios del sistema de justicia. También mencionó que se había iniciado una investigación sobre estos contratos en la provincia de Guayas, pero fue trasladada a Babahoyo, en Los Ríos, de manera «misteriosa», lo que plantea preguntas sobre la integridad del proceso de investigación.
El testimonio de Salazar apunta a una serie de irregularidades y presuntas prácticas corruptas en relación con los contratos de limpieza en el sistema judicial, donde la figura de Muentes parece estar en el centro de una red de influencia y posible manipulación de contratos públicos en Ecuador.