En medio de la agitación política en Ecuador, el expresidente Rafael Correa, actualmente prófugo de la justicia, ha lanzado críticas y teorías sobre el proceso legal que rodea al exvicepresidente Jorge Glas. Correa señaló que la Fiscalía está analizando los dispositivos móviles de Glas, obtenidos durante un allanamiento en la Embajada de México, donde se encontraba refugiado. Correa, quien también enfrenta problemas legales en Ecuador, cuestiona la premura de este análisis, sugiriendo que busca crear un nuevo escándalo antes de una consulta popular programada para el 21 de abril.
Glas, integrante del movimiento correísta y buscado por diversas condenas, ha recibido asilo político por parte del presidente mexicano Andrés López Obrador. Este proceso diplomático ha generado tensiones entre ambos países, ya que el Gobierno ecuatoriano considera ilegal el asilo dado a Glas, quien enfrenta condenas por asociación ilícita, cohecho y peculado, entre otros delitos.
La detención de Glas en la Embajada de México fue declarada ilegal por un tribunal ecuatoriano, aunque se mantuvo su prisión debido a condenas previas. Este episodio refleja la compleja situación judicial y política en Ecuador, donde personajes como Correa y Glas siguen siendo figuras centrales en medio de acusaciones, asilos y tensiones diplomáticas.
El exgobernante, del que Glas fue su vicepresidente, cuestiona la premura para analizar los dispositivos.
«¿Por qué el apuro? Fácil: buscan crear un nuevo ‘escándalo’ antes de la consulta del 21 de abril», dijo en referencia al día de la consulta popular pedida por el jefe de Estado, Daniel Noboa, sobre temas de seguridad, justicia y empleo.
«¡A estar preparados y no olvidar los ‘escándalos’ que inventaron en anteriores elecciones!», concluyó el exmandatario.
La agencia EFE aún no tiene respuesta de voceros del departamento de Comunicación de la Fiscalía al ser consultados a primeras horas de este domingo con respecto al procedimiento sobre el cual alerta Correa.
Glas en prisión
El pasado viernes, un tribunal de Ecuador declaró «ilegal» y «arbitraria» la detención de Glas en la Embajada de México, que fue asaltada por la Policía, pero lo mantuvo en prisión al tener todavía pendiente por terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas vigentes emitidas en años pasados.
El tribunal consideró que se violaron los derechos de Glas al no cumplir el Estado ecuatoriano el procedimiento contemplado en la normativa nacional para el allanamiento de misiones diplomáticas.
De esa forma el tribunal denegó la petición del recurso de habeas corpus con el que Glas buscaba que se le anulara su detención y se le entregara a México u a otro país que le dé asilo, conforme se lo había dado el Gobierno mexicano horas antes de su detención al considerarlo un perseguido político.
Glas había salido de la cárcel en 2022 sin terminar de cumplir las condenas pendientes, gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares.
El exvicepresidente fue condenado en 2017 a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos, sobre la financiación irregular del movimiento político correísta, en el que también fue condenado el expresidente Correa.
Glas había conseguido aglutinar las dos penas para cumplir sólo la de ocho años y buscaba el beneficio penitenciario de la ‘prelibertad’ para no tener que regresar a prisión al haber cumplido la mayor parte de la pena, tras haber estado encarcelado cerca de cinco años entre 2017 y 2022, pero este le fue denegado.
No obstante, Glas fue capturado por tener una orden de prisión preventiva dentro del caso de las obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos), un delito que en el código penal ecuatoriano se castiga con entre 10 y 13 años de prisión.
El tribunal que trató el recurso de habeas corpus no vio responsabilidad en lo actuado por parte del presidente Daniel Noboa ni de la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, y se declaró incompetente para dirimir sobre el asilo que le dio México, país que tras el asalto a su Embajada, suspendió relaciones con Ecuador.
Para el Gobierno ecuatoriano, el asilo brindado a Glas es ilegal y contraviene la Convención de Asilo Diplomático, que indica que no pueden recibir este beneficio las personas procesadas en la justicia ordinaria por delitos comunes. EFE