Guayaquil, Ecuador
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha suspendido la reunión bilateral programada con su colega ecuatoriano, Daniel Noboa, programada para el próximo 25 de abril, en Ipiales, como una reacción, ha explicado, al ingreso de las fuerzas militares ecuatorianas a la embajada de México para capturar a un coideario suyo, el exvicepresidente Jorge Glas, en contra del cual pesan dos condenas ejecutoriadas de prisión, dictadas por juez competente, y otra orden de prisión preventiva por otra investigación penal, también por corrupción.
No recuerdo yo afrenta semejante de algún gobierno de la hermana nación de Colombia. El país que en 2008 bombardeó el territorio ecuatoriano de Angostura, provincia de Sucumbíos, para dar de baja (esto es, para asesinar) al número dos de las FARC, Raúl Reyes, ahora se rasga las vestiduras por el ingreso por la fuerza a una embajada que servía de refugio a un hombre que los tribunales han declarado delincuente en dos ocasiones, y que ahora lo investiga por una nueva causa.
Uno puede entender que Colombia vote en la OEA por la condena a la violación del asilo diplomático. Aunque nos quedemos con la duda de si, como los dictadores de Cuba, Venezuela o Nicaragua, estén defendiendo realmente el sacrosanto derecho de asilo o a un colega en desgracia. Pero suspender la reunión bilateral, cuya tradición se estableció precisamente después del bombardeo de Angostura, para que el diálogo permanente permita superar cualquier problema entre naciones que desde siempre se sienten hermanadas, es demasiado. Too much, dicen los gringos.
Ecuador deberá responder en consecuencia. Cierto es que ambas naciones necesitan, quizás más que nunca, coordinar esfuerzos en contra del crimen organizado y el narcotráfico que se origina precisamente en Colombia. Pero Petro no parece tan interesado en el tema y quizás sea necesario esperar a la llegada de otro colombiano a la Casa de Nariño para reanudar relaciones cercanas.
Porque Petro no parece entender (o lo entiende perfectamente) la cercanía de Glas con esos grupos de delincuencia organizada vinculados o parte del narcotráfico que han asfixiado desde hace ya décadas a la sociedad colombiana, y que ha empezado a atenazar hace un par de años también a Ecuador.
Probablemente, el embajador colombiano no ha informado a Nariño que la libertad provisional de Glas fue lograda porque un capo local del narcotráfico, operador del cartel de Sinaloa, pagó alrededor de un cuarto de millón de dólares a un juez para que admita un hábeas corpus a su favor. Que dicho juez ha sido descubierto gracias al proceso que la Fiscalía ha llamado Metástasis, y que se encuentra este momento en la cárcel, procesado por ese delito.
Uno puede entender que Nariño no dé demasiado crédito a los motivos por los que parte de la oposición mexicana se refiera a Andrés Manuel López Obrador como un “narcopresidente”, o las vinculaciones que según ProPublica, uno de los medios más serios y prestigiosos de los Estados Unidos, AMLO mantiene precisamente con el Cartel de Sinaloa.
Pero es necesario que los gobiernos de América Latina entiendan que Ecuador está librando una dura lucha contra los carteles mexicanos del narcotráfico, que ha costado alrededor de seis mil muertos en las calles durante los últimos dos años, uno de ellos el candidato presidencial Fernando Villacencio, cuya inmolación fue menospreciada por López Obrador de manera tan despreciable, un día antes de que ordene enviar al Ecuador un avión militar de carga, dizque para retirar a su embajadora, y que el gobierno sospechó que sería utilizado para que Glas se embarque en él escondido en un carro diplomático.
La clase política del continente, los periodistas, los intelectuales de América Latina, deben tener claro que Ecuador se encuentra en guerra contra el narcotráfico. Y que existen serios indicios de los vínculos entre los carteles y parte del poder político. Que esta guerra nos atañe a todos, y que no la podemos ganar solos.
Menos aún si gobiernos irresponsables, como el de los Kirchner, en Argentina (que ya permitió la fuga de María de los Ángeles Duarte, otra condenada por corrupción), o de López Obrador, en México, utilizan la institución del asilo para proteger a personas a los que la justicia ha condenado como delincuentes.
No es correcto. Los países de América Latina no pueden darse el lujo de ignorar el peligro para todos el que Ecuador caiga en poder de las bandas narcocriminales, que en enero reciente ya demostraron su poder de fuego con los ataques, toma de rehenes y asesinatos que culminaron con la toma en vivo de un canal de televisión.
Señores, no estamos tan lejos de Haití. Que Ecuador se precipite en el despeñadero, empujado por los Kirchner, López Obrador, la Venezuela de Maduro y la Nicaragua de Daniel Ortega, es un sinsentido para todos.
