Con cinco votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional ha suspendido el juicio político, planteado por el correísmo, en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, en consideración a su embarazo de alto riesgo.
Los votos a favor fueron de los socialcristianos Jorge Acaiturri, y Henry Kronfle; Alexandra Castillo, de Construye; y los gobiernistas Diego Matovelle, Eckner Recalde.
Las correístas Esther Cuesta y Viviana Veloz se abstuvieron.
La determinación se tomó en atención al criterio jurídico emitido por Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado (abogado general del Estado), y en virtud de haberse demostrado que Salazar atraviesa por un embarazo calificado médicamente como de alto riesgo; la medida se extiende hasta que se supere dicha condición y con la finalidad de precautelar la vida de la madre gestante y de la vida por nacer.
El jueves 16 de mayo, en horas de la tarde, Salazar anunció que se encuentra en estado de gestación fruto de una relación que ha empezado hace tres años. Se trataría del segundo hijo de ella, el primero de la pareja. Se desconoce hasta ahora el nombre de su compañero.
La propuesta de suspender el juicio político ha sido presentado por el legislador socialcristiano Jorge Acailturri. La fiscal había pedido que “se garantice y respete” su derecho constitucional a tener un embarazo “en paz”, que le permita llegar a buen término, sin más estrés del que ya soporta a diario por sus funciones en la Fiscalía General del Estado.
Correísmo
Esta semana, Revolución Ciudadana presentó en la Asamblea Nacional una nueva solicitud de juicio político contra Salazar por presunto incumplimiento de funciones, que se suma a una primera ya presentada a finales de 2023.
El anuncio del nuevo pedido de juicio político se dio pocas horas después de que la fiscal Salazar abandonase una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde su presidenta, la correísta Pamela Aguirre, quiso que interviniese en esa misma sesión por videoconferencia el exparlamentario correísta Ronny Aleaga.
Sobre Aleaga, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, pesa una orden de prisión preventiva al estar vinculado por la Fiscalía en un entramado de corrupción y supuestos nexos de políticos con bandas criminales, mientras que él asegura tener chats que incriminan posiblemente a la fiscal.
Con Salazar al frente desde 2019, la Fiscalía de Ecuador ha sacado adelante varios procesos por corrupción contra la administración de Correa, entre ellos el denominado caso ‘Sobornos’, donde el expresidente fue inhabilitado y condenado en 2020 junto a otros colaboradores a ocho años de cárcel por cohecho.
El exmandatario, que critica recurrentemente a la fiscal general, rechazó desde un inicio los cargos y acusaciones en su contra, y se declaró un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (instrumentalización de la Justicia contra enemigos políticos), por lo que desde 2017 reside en Bélgica, donde tiene el estatus de refugiado.
