Un funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue asesinado la noche del 30 de mayo en el cantón Santa Elena, perteneciente a la provincia del mismo nombre, que es una de las siete jurisdiccionales que desde la semana anterior se encuentran bajo un nuevo estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, quien lo presentó como la «segunda fase de la guerra» que la ha declarado al crimen organizado.
La víctima fue identificada como Andrés Matías Orozco, era abogado y trabajaba para la FGE en Santa Elena. El funcionario fue atacado a tiros mientras estaba afuera de una residencia en el barrio Enrique Candell. De acuerdo con información preliminar, estaba reunido con otros ciudadanos quienes escaparon del lugar. El ahora fallecido recibió al menos ocho tiros.
La Fiscalía ordenó la apertura de una investigación sobre el crimen, con la práctica de diligencias, el levantamiento del cadáver y el registro de indicios.
Desde principios de este año Ecuador está bajo un conflicto armado interno que Noboa ha declarado contra las bandas del crimen organizado, a las que ha pasado a catalogar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
A estos grupos de delincuencia organizada, principalmente dedicados al narcotráfico, se les atribuye el auge de la violencia en el país, que en años recientes ha pasado a figurar entre los países de Latinoamérica con más asesinatos, al registrar en 2023 una tasa de 47 muertes por cada 100 000 habitantes.
Según Ecuavisa, si bien la incidencia de los asesinatos ha bajado, de acuerdo con cifras oficiales, los homicidios de dignidades han continuado, pues al menos cuatro alcaldes han sido asesinados en este año, así como otros funcionarios municipales, y el director de una prisión, mientras que también son frecuentes los secuestros.