Quito, Ecuador
El grito insensible y hasta xenófobo de mi vecino Roberto, «¡Que se regrese a Cuba!», surgió tras conocer la decisión de Ecuador de retirar la visa y deportar a Alondra Santiago, una periodista y YouTuber crítica del gobierno.
Si bien no se cuestiona la prerrogativa del Estado para otorgar o retirar visas en ejercicio de su soberanía, la revocación de la visa de Santiago bajo pretextos de «seguridad nacional», apoyada en los artículos 67 y 68 de la Ley de Movilidad Humana, plantea serias dudas y parece un intento de silenciar voces críticas y restringir la libertad de prensa y expresión, contraviniendo principios internacionales de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Ecuador y en el derecho interamericano.
Todo ejercicio de poder público debe basarse en motivos claros, justificados y legales. El estado de derecho exige que las acciones gubernamentales no se fundamenten en preferencias subjetivas o personales. La ley de inmigración establece claramente las razones válidas para revocar una visa, como violaciones a las condiciones de esta, conductas ilegales o amenazas a la seguridad nacional o el orden público. Actuar fuera de estos parámetros socava la integridad del sistema legal.
Además, la arbitrariedad en la revocación de visas puede vulnerar derechos humanos fundamentales como el derecho a la libre circulación y a un debido proceso. Las personas afectadas tienen derecho a conocer los motivos de la revocación y a defenderse de decisiones injustas. Las decisiones deben ser transparentes y basadas en hechos verificables, no en sentimientos personales o prejuicios. Este enfoque asegura que las decisiones migratorias sean justas y objetivas, protegiendo a los individuos de abusos de poder.
La situación de Santiago es simplemente el resultado de una acción directa: compró todos los boletos de la rifa para ser vejada por una parte significativa de los ecuatorianos e inquietar al gobierno. Aunque su estilo periodístico pueda no ser del agrado de muchos, mi vecino no comprende que revocar una visa sólo porque alguien resulta molesto no es ni legal ni ético. ¿Debe la incomodidad con la crítica llevar al gobierno a actuar contra la libertad de expresión?
La revocación de la visa de Santiago no sólo afecta su situación personal, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la libertad de expresión en Ecuador. Es imperativo que el gobierno ecuatoriano presente pruebas contundentes que justifiquen su acción; de lo contrario, esta medida seguirá siendo vista como un intento de censura que amenaza la diversidad de opiniones y el pluralismo democrático. ¿Qué implicaciones tiene para la diversidad democrática el silenciar voces críticas en los medios de comunicación?
La jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la libertad de prensa destaca su importancia dentro del sistema interamericano de derechos humanos, basándose en tres pilares fundamentales: pluralismo y diversidad, protección de periodistas, y responsabilidad y acceso a la justicia. Según esta jurisprudencia vinculante, el Estado debe fomentar un ambiente donde múltiples voces y perspectivas puedan expresarse libremente, enfatizando la obligación de proteger a los comunicadores sociales frente a amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su labor informativa. Aunque la libertad de prensa no es absoluta y puede estar sujeta a limitaciones legítimas, estas deben ser proporcionales, necesarias y establecidas claramente por ley, y deben ser revisadas por una autoridad judicial imparcial.
La proporcionalidad adquiere particular relevancia al recordar que Santiago utilizó de manera controvertida el himno nacional, designado como símbolo patrio en el Artículo 2 de la Constitución. A pesar de que el Gobierno no ha señalado este incidente como la “amenaza a la seguridad nacional” que resultó en la revocación de la visa de Santiago, es importante señalar que resulta razonable esperar que quienes disfrutan de oportunidades y derechos en un país respeten sus normas y patrimonio cultural. Y aunque para algunos el incidente del himno resulte trivial, para muchos representó un insulto a la identidad nacional, lo que merece ser considerado por todos los residentes, incluidos los extranjeros. Este acto podría justificar un llamado de atención firme por parte de las autoridades ecuatorianas, pero ciertamente, el incidente no constituye una razón para conculcar derechos.
La transparencia y el respeto por el debido proceso son esenciales para mantener la integridad del sistema migratorio. Las acciones arbitrarias dañan la percepción de justicia y equidad, afectando las relaciones diplomáticas y la capacidad de atraer turismo, inversión y talento extranjero.
Tanto mi vecino Roberto como los funcionarios del gobierno deben comprender que un canal de YouTube se puede dejar de ver. Es crucial reconocer estas estrategias y mantener una postura crítica para evitar que decisiones importantes sean eclipsadas por agendas manipuladoras. Al centrarnos en asuntos coyunturales diseñados como cortinas de humo, corremos el riesgo de ignorar problemas estructurales que realmente afectan nuestra calidad de vida y el futuro de nuestra sociedad, tales como la discusión sobre el subsidio de combustibles, el uso de los ingresos generados por el IVA, la crisis energética, los escándalos que involucran a la Vicepresidenta y otros miembros del gobierno, la falta de rendición de cuentas de varios ministros, el préstamo al FMI y el destino de esos fondos, el incumplimiento de promesas de campaña, el fracaso del llamado “Plan Fénix”, y la cruenta situación de seguridad, entre otros. La eventual deportación de Alondra Santiago puede ser celebrada por algunos, pero no cambia nuestra realidad; posiblemente la empeore.