Quito, Ecuador
Desde la polémica designación de Juan Carlos Larrea Valencia como Procurador General del Estado (PGE) hasta las graves deficiencias en su gestión, la Procuraduría ha estado envuelta en controversias y decisiones cuestionables. La falta de criterio jurídico y transparencia en sus acciones ha expuesto un panorama de ineficacia e intromisión indebida en funciones cruciales del Estado ecuatoriano.
La figura del Procurador es fundamental dentro del marco constitucional de Ecuador, pues desempeña funciones esenciales para la preservación del orden legal en el país. Según la Constitución, el Procurador tiene la responsabilidad de representar judicialmente al Estado, garantizando que sus derechos e intereses sean adecuadamente defendidos en tribunales nacionales e internacionales. Además, tiene como función esencial el asesoramiento legal y la resolución de consultas jurídicas de manera vinculante para los organismos y entidades del sector público, asegurando una interpretación y aplicación uniforme de la ley en áreas donde la Constitución o la legislación no asignan competencias a otras autoridades. Finalmente, el Procurador controla, conforme a la ley, los actos y contratos que suscriben los organismos y entidades del sector público, que es vital para prevenir actos de corrupción y garantizar la legalidad y transparencia en la gestión pública.
Larrea Valencia fue designado el 20 de octubre de 2022 con el voto decisivo de Hernán Ulloa O., exfuncionario cesado por la Asamblea Nacional del Ecuador y la Corte Constitucional, y asumió el cargo el 15 de noviembre de 2022, solo 26 días después, en medio de cálculos de juicio político contra los exconsejeros de la época. Basándonos en hechos ampliamente conocidos en el país, se ilustra cómo la falta de criterio jurídico en decisiones y en la selección de personal ha resultado en incompetencia, inacción y falta de capacidad técnico-jurídica en el ámbito de las competencias constitucionales del Procurador.
La falta de liderazgo en la defensa de los intereses públicos y la inacción frente a consultas legales cruciales para el país plantean serias interrogantes. A pesar de haberse mantenido fuera del radar nacional durante 1 año y 8 meses, surgen preguntas al examinar los hechos y omisiones de la Procuraduría bajo la dirección actual. Su nombramiento ha sido objeto de críticas severas; a continuación, se enumeran los principales hechos, acciones e inacciones durante esta gestión:
- Conflicto de intereses: Larrea Valencia habría presuntamente violado el Reglamento de Selección de la máxima autoridad de la PGE al tener acciones en el Banco de Guayaquil. En su declaración juramentada para el concurso, detalló no tener conflicto de intereses, lo que fue contradicho por documentos oficiales de la Superintendencia de Bancos, que certifican su participación accionaria hasta días antes de su posesión [Ver Oficio No. SB-SG-2023-02990-O del 28 de febrero de 2023, firmado por el Secretario General, que certifica que el actual Procurador General del Estado tenía acciones desde el 31 de marzo de 2009 hasta el 31 de octubre de 2022, mientras que la fecha de su postulación fue el 10 de agosto de 2022]. El propio Procurador, previo a posesionarse, indicó textualmente: “Yo no tengo ninguna acción en el sistema bancario ecuatoriano, la única acción que tenía en el Banco de Guayaquil, la he transferido en días anteriores a través de la Bolsa de Valores.”Cabe el aforismo universal: “A confesión de parte, relevo de prueba”.
- Consulta del Expresidente Guillermo Lasso: El 3 de mayo de 2023, el entonces Presidente Lasso envió una consulta al PGE sobre el Artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa mediante el Oficio No. T.23-SGJ-0114, relacionada con el informe sobre el juicio político. A pesar de que la Corte Constitucional había admitido parcialmente el juicio político contra Lasso el 30 de marzo de 2023, la PGE respondió en solo 2 días, el 5 de mayo de 2023, mediante el Oficio No. 01992. Esta respuesta rápida ignoró la diligencia debida, inobservando el Art. 7 de la Resolución No. 024 que norma el Procedimiento para la atención de consultas a la Procuraduría. Es decir, en casos de mínima o nula relevancia, el PGE consulta a las instituciones que guardan relación con la temática planteada; y, este caso, simplemente, no lo hizo por méritus propius.
- Intromisión en la Administración de la Corte Nacional de Justicia: El 29 de enero de 2023, el Dr. Iván Saquicela R., ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, consultó a la PGE mediante el Oficio No. 085-P-CNJ-2024 sobre la situación de jueces cuyos períodos habían concluido en la CNJ. En lugar de abstenerse y permitir que la CNJ resolviera internamente esta cuestión administrativa, la PGE respondió en solo 3 días hábiles, el 1 de febrero de 2024, mediante el Oficio No. 05428, vulnerando el marco legal establecido. La CNJ, como órgano colegiado, debió resolver este asunto, ya que según el Artículo 174 del Código Orgánico de la Función Judicial, es el pleno de la CNJ quien debe adoptar decisiones administrativas. Sin embargo, el PGE emitió su ilegal Pronunciamiento, vulnerando el numeral 6 del Art. 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el 2do inciso del Art. 3 de la Resolución No. 024 de la PGE, los que, en su parte pertinente, establecen que: “Los órganos colegiados, previa resolución adoptada con la mayoría que corresponda, deberán formular sus consultas a través del representante legal de la respectiva entidad pública”. En este caso, la CNJ sí tiene Pleno, por lo tanto, es este órgano colegiado quien debió de resolver su situación administrativa y no le correspondía al PGE conceder la prórroga en funciones al Dr. Iván Saquicela R., incurriendo en un innegable incumplimiento de funciones, es decir, ya tiene dos causales de juicio político.
- Inconsistencia en la Respuesta a Consultas Presidenciales: El 21 de mayo de 2024, el actual presidente del Ecuador consultó a la PGE, mediante el Oficio 248-SGJ-24-0232, sobre la aplicación del segundo inciso del Artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Electoral, con relación a la solicitud de licencia. En este caso, el Procurador tardó 30 días en responder, y el 20 de junio de 2024, mediante el Oficio No. 7381, indicó que estaba impedido de responder, alegando falta de competencia y el riesgo de intromisión en la Función Electoral. Esta demora y justificación contrastan marcadamente con la celeridad mostrada en casos previos, como la respuesta en solo 2 días al expresidente Guillermo Lasso y en 3 días al ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Iván Saquicela R., donde el Procurador no se abstuvo a pesar de la falta de competencia y la posibilidad de intromisión relatada en este párrafo.
- Detención del Exsecretario Particular de la PGE por Presunta Corrupción: El exsecretario particular de la PGE, Ab. Mauricio Guim Alfaro, fue detenido en el puente de Rumichaca cuando intentaba salir del país hacia Colombia, debido a su presunta implicación en un caso de corrupción. La detención se produjo tras la difusión a nivel nacional de audios en los que se escuchaba su voz vinculada a este caso. A pesar de las graves acusaciones, el Ab. Guim, una vez detenido, optó por acogerse al derecho al silencio. Este incidente resalta la necesidad urgente de que la Fiscalía resuelva este tema, ya que la ciudadanía espera transparencia y justicia en la gestión pública.
- Funcionario del la PGE acusado de Delincuencia Organizada: En el caso Metástasis, actualmente en desarrollo en Ecuador, una de las personas confesionales indicó que existía un abogado con el alias «Barbón Chiquito» que arreglaba sorteos para la delincuencia organizada. Este abogado, conocido oficialmente como Eduardo M. Lascano H., ingresó en la administración del actual Procurador, a la Dirección Regional 1 de la PGE en Guayaquil como abogado regional senior. La vinculación de «Barbón Chiquito» con arreglos ilícitos resalta una preocupante penetración de la delincuencia organizada en instituciones públicas. Este incidente deja en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva y medidas correctivas en la contratación de personal en la PGE.
- Contradicción Ética en la Administración de la PGE: El actual PGE, en su declaración pública durante la posesión en la Asamblea Nacional, afirmó su compromiso de ejercer el cargo con ética intachable, transparencia y la firme convicción de defender los intereses públicos y supervisar los actos y contratos públicos. Sin embargo, es importante señalar que, desde el año pasado, Doménica C. Ulloa M., hija del expresidente del CPCCS, quien fue decisivo en la designación del actual PGE, esta contrada en la Dirección Regional 1 de la PGE. Está grave situación, por su sola lógica, presupone no solo falta de criterio en la administración pública, sino, una evidente falta de ética al haber contratado a la hija de quien lo designó como PGE, incurriendo en falta de probidad notoria en el ejercicio de sus funciones y una burla para el Estado ecuatoriano.
- Falta de Acción en la Defensa Internacional: La PGE ha delegado la defensa de casos internacionales a personal sin la experiencia e idoneidad adecuada, como es el caso de Ana María Larrea, sin perjuicio de que, en el famoso caso ocurrido en la embajada de México con sede en Quito, el PGE contrató a abogados extranjeros, cuando lo correcto y oportuno, era de que el mismo Abogado del Estado lidere la defensa, pero otra vez más, su falta de capacidad para el cargo designado. En este punto, el actual Contralor General del Estado pudiera, inclusive, generar de oficio una Acción de Control para analizar la pertinencia de los gastos del erario nacional.
- Ausencia de Liderazgo y Participación en Defensas Legales: No se ha observado liderazgo por parte de la PGE en la defensa de proyectos de ley ni en la participación directa en casos complejos y emblemáticos, o en la recuperación de activos derivados de la corrupción, lo que denota una inacción significativa.
Este editorial busca provocar una reflexión crítica sobre la responsabilidad y rendición de cuentas en nuestras instituciones, enfocándose en la figura del Procurador General del Estado, que ha revelado un preocupante panorama de desgobierno, falta de transparencia y deficiencias en su gestión. Desde su controvertida designación hasta diversas decisiones erráticas, irregularidades en la selección de personal, respuestas inadecuadas a consultas legales cruciales y evidentes conflictos de interés han minado su credibilidad y eficacia. Es imperativo que se implementen reformas significativas para restaurar la confianza ciudadana en esta entidad crucial del sistema legal ecuatoriano. Por lo tanto, corresponde a los asambleístas y organismos de control fiscalizar rigurosamente su administración, garantizando así la probidad y ética necesarias para el correcto funcionamiento institucional.
