Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, procesado por los casos Independencia Judicial y Metástasis, y preso en la prisión de La Roca (Guayaquil), no autoriza que defensores públicos lo patrocinen en el segundo proceso, así lo expuso en un oficio mandado al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Julio Inga, en el que también señala que denunció al magistrado por aparente contravención.
El 11 de julio, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el caso Independencia Judicial, Inga declaró a Terán en indefensión y dispuso que dos defensores públicos revisen su expediente de cara a la reinstalación de la diligencia, que está programada para el 18 de julio.
Pero Terán respondió en un documento:
«No autorizo a ningún defensor público ni particular ejercer dicha defensa».
Terán quiere liderar su propia defensa técnica. Afirma que buscará apoyo en otros abogados, pero quiere ser él quien exponga los argumentos y encabece las estrategias en las distintas etapas del caso.
No obstante, afirma que se encuentra en «indefensión permanente», puesto que -indica- el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) no le brinda las facilidades para prepararse.
Indica que, en la prisión, el SNAI no le ha permitido acceder a una computadora, información del expediente fiscal o documentos físicos. Dice que está «en estado de incomunicación» y «sin luz».
Y apuntó:
«No es cuestión de que en el día y hora se me traslade desde La Roca a la audiencia para decir que se me ha hecho comparecer de forma física. Es el hecho de concederme un tiempo adecuado, en el lugar adecuado, para la organización de mi defensa».
Por último, pide a Inga que revise estos aspectos, pero le advierte que, a través del equipo legal que lo apoya, ha presentado una denuncia en Fiscalía por aparente omisión de denuncia (artículo 277 del COIP).
Con este recurso, Terán intenta que el juez se excuse de seguir con el caso.
Según Ecuavisa, Wilman Terán está preso desde el 13 de diciembre del año pasado por el caso Metástasis, en el que se le imputa un aparente delito de delincuencia organizada. Pero el 28 de diciembre se le ordenó también prisión preventiva por el caso Independencia Judicial, en el que es procesado por aparente obstrucción a la justicia.