Guayaquil, Ecuador
Si alguna duda quedaba, esta se ha desvanecido por completo: al negarse a censurar políticamente a Wilman Terán, alias “El Diablo”, la Revolución Ciudadana se ha mostrado a los ojos de los ecuatorianos como lo que realmente es: no un movimiento político, sino el brazo político del crimen organizado.
Hace algunos años, los criminales actuaban a la sombra, vergonzantes, mientras que ahora lo hacen a plena luz del día y de manera oficial. Y nosotros, los ecuatorianos, pagamos a sus representantes con nuestro dinero, para que decidan, de acuerdo con los intereses del crimen, sobre nuestras vidas y el destino del país.
El meollo de la revolución criminal consiste en sacar al crimen del plano de lo prohibido y elevarlo al plano de lo socialmente aceptado. Algo que se logra, en principio, ubicando a su gente en los distintos poderes del Estado, para que desde ahí gestionen los negocios del crimen. Recordando al viejo Marx, cabe decir que, en los actuales momentos, el Estado ecuatoriano es el administrador de los negocios comunes de la burguesía criminal.
Hay, ahora, una nueva política, en la que los ciudadanos no cuentan sino como clientes y legitimadores del nuevo estado de cosas y en la que los políticos se desempeñan como intermediarios entre ellos y los criminales.
En la nueva política, las acciones criminales son actos oficiales, como el reciente juicio político a Wilman Terán, o el nombramiento y posesión formal de funcionarios que han representado profesionalmente los intereses de los delincuentes.
En ambos casos, se usan procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, de los que, cuando es necesario, se hace una libre interpretación. Ahora que se han apoderado del Estado, a los criminales les interesa guardar las formas, pues uno de los objetivos principales de la revolución criminal es la formalización de su poder político. El otro, es la formalización de su poder económico, a través del blanqueo de dinero.
La formalización de los poderes criminales es una de las principales tareas de los políticos; pues esta contribuye a hacer aceptable para los ciudadanos su dominación. La Revolución Ciudadana viene trabajando duramente en esto, con la ayuda de los socialcristianos, ADN y otras especies. Todavía les quedan algunos escollos por vencer, algunas cabezas que cortar, como la de la fiscal general de la nación, pero ellos son persistentes y, además, cuentan con agentes muy efectivos en todos los espacios y niveles del aparato estatal.
La revolución criminal avanza. ¿Cumple algún papel en ella el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing?
