Quito, Ecuador
Latinoamérica ha sido escenario de innumerables atrocidades a lo largo de su historia, desde la época colonial, pasando por guerras y dictaduras, hasta la compleja realidad actual. La desaparición forzada, uno de los crímenes más atroces, evoca una desolación inimaginable para quienes no han sufrido la angustia de desconocer el paradero de un ser querido. Como expresa Charly García en su canción “Los Dinosaurios”: “Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer…”
Desde 2011, el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, nos invita a reflexionar sobre uno de los crímenes más silenciados según la Resolución A/RES/65/209 de la ONU. En esta fecha, se busca visibilizar el sufrimiento de millones de personas desaparecidas y el dolor incesante que enfrentan sus familias, recordándonos la necesidad de enfrentar esta cruel realidad con valentía y determinación.
Las desapariciones forzadas, antes vinculadas principalmente a dictaduras militares, ahora ocurren con frecuencia en contextos de conflicto interno. Estas prácticas se han adaptado a las dinámicas modernas de violencia y control, convirtiéndose en un instrumento de represión política contra opositores. Esta evolución subraya cómo las desapariciones forzadas se han transformado en una herramienta versátil de represión en escenarios de violencia contemporánea.
Latinoamérica y Ecuador no son ajenos a este fenómeno alarmante, intensificado por la represión estatal y el crimen organizado, revelando no sólo crisis de seguridad, sino también la impunidad del sistema judicial. En Ecuador, la desaparición de personas continúa en aumento, tal como reporta la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC).
Un ejemplo emblemático en Ecuador de esta situación es el “Caso Fybeca” conocido también como el “Caso Gonzáles y Otros” y “Caso Las Dolores”. En 2003, durante una intervención policial en un supuesto asalto a una farmacia en Guayaquil, varias personas fueron víctimas de desaparición forzada. Más de dos décadas después, un tribunal penal condenó a cuatro expolicías a 26 años de cárcel, resaltando la prolongada lucha por justicia en estos casos. Los sentenciados, además de prisión, deberán pagar una multa de 368.000 dólares y ofrecer reparaciones a las familias de las víctimas, que incluyen tratamiento psicológico y los costos judiciales.
En Ecuador, el contexto socioeconómico intensifica aún más el problema. La violencia y la pobreza han forzado a muchos ecuatorianos a emprender peligrosas rutas migratorias, como la travesía del Darién hacia Estados Unidos, en un desesperado intento por escapar de la crisis. Pero ¿hasta dónde pueden llegar las personas antes de encontrar un peligro aún mayor? Esta migración forzada no sólo refleja la desesperación, sino que expone a los migrantes a riesgos adicionales, entre los que se incluye la aterradora posibilidad de desapariciones forzadas. ¿Cómo podemos ignorar la tragedia de quienes, al buscar un futuro mejor, se enfrentan a la amenaza de desaparecer sin dejar rastro?
La situación se agrava con la llegada de migrantes venezolanos, quienes, al enfrentarse a políticas restrictivas y al riesgo de desapariciones en su propio país, se ven forzados a vivir en la ilegalidad y la marginalización, lo que incrementa considerablemente su vulnerabilidad a la violencia y a la desaparición, sumando una capa más de complejidad y riesgo a su ya precaria situación. Expertas independientes denunciaban, hace poco, el alarmante aumento de las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela.
Por otro lado, la proliferación de bandas criminales y el narcotráfico han forzado al gobierno ecuatoriano a declarar un estado de «conflicto armado interno» como estrategia para enfrentar la creciente violencia. No obstante, la evidencia indica que este enfoque contribuye a generar un ambiente de temor y desconfianza hacia las instituciones estatales. Cada vez más, estas son percibidas como incapaces de proteger a los ciudadanos o de llevar a cabo investigaciones adecuadas sobre las desapariciones forzadas. En lugar de resolver la crisis, su ineficacia y falta de respuesta efectiva contribuyen a agravarla.
Las desapariciones forzadas están profundamente entrelazadas con la violencia estatal, la crisis socioeconómica y la ineficacia del sistema judicial en Ecuador. Esta combinación de factores genera un ambiente propicio para la persistencia de este grave delito, con un impacto devastador en nuestras comunidades y en la protección de derechos fundamentales. Por ello, es imperativo implementar reformas estructurales en el sistema judicial, incluyendo la creación de unidades especializadas para la investigación de estos casos, garantizando la formación continua y rigurosa de jueces y fiscales. Es crucial asegurar un financiamiento adecuado para las instituciones encargadas de la búsqueda y proporcionar asistencia psicológica y protección a testigos y familiares.
La colaboración con organizaciones internacionales y el cumplimiento de normativas globales son esenciales para obtener apoyo técnico y financiero. Asimismo, la transparencia y rendición de cuentas deben fortalecerse mediante investigaciones independientes y la publicación de informes detallados. Finalmente, es necesario desarrollar políticas migratorias y de seguridad que protejan a las personas vulnerables, coordinando esfuerzos regionales para abordar el problema de manera integral.
En este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, aunemos esfuerzos para construir un país donde la vida, la libertad y la seguridad de cada ciudadano no sean blanco de violaciones, porque: “la memoria no se va; los recuerdos no se van, seguirán iluminando…”, como dice Juanes en su «Canción Desaparecida«. Con dedicación y comprometidos con la memoria y la verdad como guías, podremos superar la sombra de la impunidad, avanzando hacia un futuro donde cada vida sea valorada y cada desaparición sea enfrentada con la dignidad y la justicia que merece.
