Quito, Ecuador
Las distracciones y la desinformación son herramientas poderosas que a menudo se utilizan para desviar la atención de los problemas más profundos que enfrenta la sociedad. Noam Chomsky observa que «la propaganda es a la democracia lo que la violencia es a una dictadura», y esta reflexión se hace particularmente relevante en el cambiante discurso político en Ecuador.
Causas y soluciones a la delincuencia han fluctuado constantemente, lo que ha llevado a desesperanza ciudadana. En un intento por abordar la inseguridad, se apostó por el populismo penal y se incrementaron las penas. Posteriormente, se aseguró a los electores que la raíz del problema estaba en la tabla de consumo, lo que llevó a su derogación. Luego, se argumentó que la falta de presupuesto justificaba un aumento de tres puntos en el IVA para asumir el supuesto conflicto armado interno. Posteriormente, se señaló que la ausencia de leyes era el obstáculo, lo que derivó en una millonaria consulta popular. Hoy, el enfoque se centra en la supuesta necesidad de bases militares extranjeras en el país, como si esta medida fuera la panacea para los problemas de seguridad.
El reciente proyecto del presidente Noboa, presentado ante la Corte Constitucional para reformar el artículo 5 de la Constitución, pretende reinstaurar la situación anterior a la Constitución de Montecristi de 2008, que prohíbe expresamente dichas instalaciones. Sin embargo, en un giro inesperado, el Embajador de EE.UU. en Ecuador declaró el 18 de septiembre que no hay planes para instalar nuevas bases militares en el país. Esta declaración desmantela la narrativa del Gobierno, aunque contrasta con la reciente entrada en vigor del Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas, que concede inmunidad total al personal militar estadounidense en Ecuador y les otorga considerable libertad de movimiento y operación.
En todo caso, si se reformara el mencionado artículo, se abriría la puerta a la reaparición de bases estadounidenses, como la de Manta, operativa hasta 2009, así como a las que se establecieron en Salinas y Galápagos durante la 2da Guerra Mundial. Sin embargo, es fundamental no caer en la trampa de pensar que la creación de bases militares erradicará de forma automática el narcotráfico y el crimen organizado. La lucha contra el crimen requiere un enfoque integral que combine prevención, inteligencia, represión (o medidas de aplicación de la ley), rehabilitación, educación, colaboración comunitaria y apoyo a las víctimas.
¿Es realmente aceptable que se nos venda la idea de que las bases militares son la solución mágica a problemas tan complejos como el narcotráfico y el crimen organizado? Basta revisar el caso de Colombia, que alberga aproximadamente siete bases militares estadounidenses desde principios de la década de 2000, donde se ha visto un asombroso incremento del 50% en la producción de cocaína en los últimos cinco años, alcanzando cifras récord en 2022, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Aunque existe esta significativa presencia militar, Colombia sigue siendo uno de los principales productores mundiales de cocaína. De manera similar, Perú, que también cuenta con varias bases militares, se posiciona como un importante productor global. A pesar de los esfuerzos de interdicción, los niveles de producción y tráfico de drogas continúan creciendo, evidenciando que las soluciones superficiales no abordan las raíces del problema, y resulta intolerable que se nos siga vendiendo la idea de que más militarización es la respuesta.
La simple instalación de bases militares no garantiza el éxito en la lucha contra el crimen organizado. En Honduras, la Base Aérea de Soto Cano, que acoge a la «Fuerza de Tarea Conjunto Bravo» desde 1982, no ha logrado frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU. México, aunque no alberga bases formales, coopera militarmente con EE. UU. bajo la Iniciativa Mérida, pero no ha detenido la creciente violencia del narcotráfico, que ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años. Incluso en Afganistán, durante dos décadas de intervención militar estadounidense, el país se mantuvo como el mayor productor mundial de opio, lo que resalta las limitaciones del enfoque militar para combatir la producción de drogas.
Desde que EE.UU. declaró oficialmente la guerra a las drogas en 1971, se han implementado diversas políticas, incluidas medidas de interdicción y esfuerzos para erradicar cultivos en países productores, especialmente en América Latina. Sin embargo, estas estrategias han sido criticadas por su enfoque en la criminalización y la penalización del consumo, así como por sus efectos desproporcionados en comunidades marginadas.
En este contexto, es innegable la necesidad urgente de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Las bases militares pueden ser un componente valioso en esta lucha, pero su efectividad depende de contar con una hoja de ruta clara, que defina su propósito y objetivos. Sin una estrategia que articule cómo se integrarán estas instalaciones militares en un enfoque más amplio de seguridad y desarrollo, corremos el riesgo de caer en la trampa de la militarización vacía. Es inaceptable que se utilicen recursos públicos (estadounidenses o ecuatorianos) sin un plan que aborde las causas subyacentes del problema.
EE.UU. y Ecuador deben renovar y revitalizar sus lazos históricos, para lograrlo, es esencial restablecer y diversificar las relaciones bilaterales, abandonando un enfoque limitado exclusivamente a la seguridad. Debemos desarrollar un programa integral que incluya un masivo intercambio de conocimientos, la creación de preferencias comerciales para nuestras exportaciones, el impulso de la infraestructura pública y la repatriación de activos robados. Además, es crucial fomentar la cooperación en educación, atraer inversiones para la creación de empleos y ofrecer alternativas viables a los cultivos ilícitos, entre otras iniciativas. Es decir, ofrecer una opción real a quienes, por necesidad económica, son absorbidos por el mundo del tráfico de drogas.
¿Acaso la historia de la presencia militar estadounidense en otros países no nos enseña que la militarización no siempre significa éxito? En Okinawa, Japón, la presencia de tropas estadounidenses ha estado marcada por escándalos de violación, lo que ha alimentado la indignación pública y ha llevado a solicitar una revisión completa del acuerdo. De manera similar, en 2002 en Corea del Sur, un vehículo blindado del Ejército de EE. UU. impactó y mató a dos estudiantes surcoreanas de 14 años. Los soldados involucrados fueron declarados «no culpables» de homicidio negligente, lo que intensificó el sentimiento antiestadounidense y desató protestas masivas. Estos incidentes plantean la pregunta: ¿cómo se garantiza la rendición de cuentas en casos graves?
Los casos mencionados ilustran los riesgos inherentes a los acuerdos de estatuto de fuerzas (SOFA) y la presencia de militares extranjeros, desde problemas jurisdiccionales hasta la cuestión de la rendición de cuentas. La historia advierte sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre seguridad, justicia y soberanía. La clave radica en abordar estas preocupaciones durante las negociaciones y en la capacidad de adaptar estos acuerdos a las circunstancias internas, evitando que se conviertan en fuente de tensiones internacionales.
¿Por qué seguimos permitiendo que se avance en ideas que carecen de una hoja de ruta clara y efectiva? La afirmación de Richard Wright, «La mentira puede ser la mejor solución a un problema, pero también es la más destructiva», resuena profundamente en el cambiante discurso político en Ecuador, donde las causas y soluciones a la delincuencia parecen variar constantemente. ¿Es posible que estemos siendo manipulados por relatos que oscurecen la realidad y desvían la atención de los verdaderos problemas y sus causas?
La historia de la presencia militar estadounidense resalta la importancia de garantizar la rendición de cuentas y la soberanía en las relaciones bilaterales. Los hechos en Ecuador demuestran cómo la narrativa puede ser utilizada para ocultar problemas profundos. La propuesta del Presidente Noboa de permitir bases militares extranjeras no garantiza una solución; de hecho, la experiencia de países hermanos muestra que la militarización sola no erradica el crimen. La lucha contra la violencia requiere un enfoque integral que incluya cooperación internacional, educación y rehabilitación, ya que depender únicamente de la fuerza no resolverá las raíces del problema. En el ámbito de las políticas públicas, especialmente en materia de seguridad, la improvisación tiene un alto costo que estamos pagando cada día con la vida de miles de ecuatorianos.
