Guayaquil, Ecuador
Desde la promulgación de la Constitución de 2008, en la que se estableció que “el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos” y que estos son de “decisión y control exclusivo del Estado”, era previsible que se avecinaban problemas como los apagones que enfrentamos hoy.
Las razones son claras: el Estado se ha adjudicado un monopolio artificial en estos sectores, distorsionando el mercado al limitar la competencia y ejercer un control excesivo sobre los precios. Además, la administración de las empresas públicas en estos sectores depende del gobierno de turno, un cargo que se elige por popularidad y no por capacidad, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Aunque se han promulgado leyes y reglamentos en los últimos años para intentar flexibilizar el monopolio estatal, estas normativas, al verse obligadas a respetar los principios constitucionales, tienen un impacto limitado y, en algunos casos, ni siquiera parecen intentarlo.
Un ejemplo es la Ley Orgánica de Competitividad Energética que, aunque no prohíbe explícitamente la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica que utilicen combustibles fósiles, complica su aprobación. La prioridad se da a los proyectos identificados en el Plan Maestro de Electrificación, y los incentivos se orientan exclusivamente a aquellos que utilizan fuentes de energía renovable. Además, cualquier proyecto, incluidos los que usan combustibles fósiles, debe superar una rigurosa evaluación de impacto ambiental, lo que los pone en clara desventaja frente a otros tipos de proyectos.
Este tipo de restricciones puede ser comprensible en países ricos, donde el suministro de energía es constante y solo se discuten incrementos en las tarifas por renunciar a los combustibles fósiles. Sin embargo, en un país como el nuestro, donde el problema es pasar medio día sin electricidad, resulta incomprensible implementar estos lujos, más allá de ser una mera y vana novelería.
Como si fuera poco, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica establece un límite específico para proyectos privados de generación que no consten en el Plan Maestro de Electrificación de 10 megavatios. En un país con un déficit de más de 1000 megavatios, permitir que cada actor privado cubra solo el 1% de ese déficit es claramente insuficiente.
El problema no se limita solo a la generación de energía, sino también a su transmisión. De hecho, si parece que la generación está hiperregulada, la transmisión es muchísimo peor. En este caso, se establece que las inversiones se pueden realizar solo de forma excepcional y bajo condiciones específicas, como que sean solo para autoconsumo, y, si han de ser públicas, que se realicen a través de concesiones o de inversiones mixtas donde el Estado sea el accionista principal.
Aunque algunos podrían argumentar que bastaría con que un gobierno se ponga a trabajar en lugar de darle más participación al sector privado, la realidad es que, incluso si lo hiciera, no necesariamente se utilizarían los recursos de manera eficiente. Un ejemplo claro es Coca Codo Sinclair, considerada la obra más grande jamás construida en el Ecuador y la hidroeléctrica más potente del país. Esta nunca ha podido operar al 100% de su capacidad debido a problemas en el diseño y en los materiales utilizados en su construcción, lo que ha generado fisuras y otros problemas en su funcionamiento. Tanto es así que no ha podido ser entregada oficialmente al Estado ecuatoriano.
En definitiva, mientras no abandonemos el estatismo y la novelería, continuaremos en la oscuridad, tanto literal como figuradamente. A pesar de que se vislumbran pequeñas aperturas a la inversión privada, el fuerte control estatal y la falta de un marco regulatorio claro y transparente generan incertidumbre y desincentivan la inversión, especialmente en proyectos de gran escala.
Para atraer inversión privada y lograr un desarrollo energético sostenible, es necesario avanzar hacia un modelo más libre, abierto y competitivo, que brinde seguridad jurídica a los inversionistas y garantice un suministro eléctrico confiable, eficiente y sostenible para todos los ecuatorianos.
