Guayaquil, Ecuador
En la comisión de Enmiendas Constitucionales se discute este importante asunto de la probidad notoria porque se exige tenerla para ejercer algunas funciones como las de fiscales y jueces y está bien, porque se debe ser probo y tener una formación intelectual y de valores que debe superar la medianía y alcanzar elevados niveles.
Una forma de evidenciar conocimientos es tener títulos de tercero y cuarto nivel por haber aprobado los estudios correspondientes. Se dirá que hay personas que tienen títulos mal habidos o que pagaron a expertos en redactar tesis, y es verdad. Yo conocí a una dama, extremadamente inteligente, cuyo trabajo consistía en redactar tesis doctorales de por lo menos 100 páginas y la única condición que ponía, además del pago, era que el graduando la leyera bien para que pudiera sustentarla ante el tribunal respectivo. Además, en épocas críticas, alguna universidad otorgó títulos bajo presión y los desprestigió. Todo esto sin contar las tesis plagiadas o de dudoso valor.
La cualidad de ser notoria mejora la exigencia. Porque lo notorio es, según la RAE, “1. Público y sabido por todos//2. Claro, evidente. //3. Importante, relevante o famoso.” Significa que quienes aspiran a cargos públicos deben demostrar haber tenido probidad en algún cargo anterior. Los romanos antiguos le decían cursus honorum. Empezaban siendo ediles de los municipios y luego iban ascendiendo y desempeñando distintos cargos hasta llegar al Senado y obtener la elección como cónsules, dos, que duraban un año. Todo esto en la época republicana. Después, bajo el imperio, el emperador asumía todos los poderes. El pueblo romano conocía esa trayectoria de servicio y elegía casi siempre a los mejores. Es lo que nosotros buscamos: Que nos gobiernes los mejores mujeres y hombres experimentados y honestos. En tal sentido, la democracia tiende a ser una aristocracia electiva.
Se dirá que esta exigencia atenta contra la igualdad. Pero no todos somos idénticos porque cada ser humano es diferente a los demás. Tenemos la garantía universal de que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos garantizados por los ordenamientos jurídicos. Es una de las características de las democracias. Pero no podemos poner en la presidencia de la república o como legislador o juez a una persona ignorante o a un delincuente contumaz.
“Para dar leyes a los hombres harían falta dioses” dice Rousseau del legislador en El Contrato Social. Por su conocimiento de la naturaleza humana y por el cúmulo de saberes que exige dicha función. No podemos elegir como asambleísta a una persona que apenas puede leer lo que “le dan escribiendo”. Y a falta de conocimientos propios deben estar los de los asesores, igualmente limitados, pero con tiempo suficiente para averiguar e investigar.
Lamentablemente, debemos elegir a quienes nos proponen los dueños de los partidos políticos, y nuestra frágil democracia puede naufragar en este proceloso mar de intereses y ambiciones. De esos 16 candidatos presidenciales sobran los dedos de la mano para contar los mejores.
Señor alcalde de Samborondón: Por favor ordene que arreglen la rugosa avenida principal. Gracias.
