La Fiscalía General del Estado ecuatoriano abrió, de oficio, una investigación previa por el asesinato el pasado martes de Jimmy Ruiz, asesor de Augusto Verduga, uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El Ministerio Público indicó este miércoles que las investigaciones avanzan con la búsqueda de indicios balísticos, la extracción de información de cámaras de video y la toma de versiones a testigos preliminares del hecho.
La víctima fue alcanzada por las balas cuando dos hombres dispararon desde una motocicleta contra el vehículo en el que viajaba por el norte de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia que atraviesa el país.
Ruiz ejercía como asesor de Verduga, integrante del CPCCS, un órgano del sistema político de Ecuador integrado por siete miembros que se eligen por votación popular y que tiene entre sus funciones designar a diferentes autoridades de instituciones estatales.
De acuerdo al colectivo de izquierda La Kolmena, al que pertenece Verduga, el atentado iba presuntamente dirigido al consejero que, en meses anteriores, figuró entre los aspirantes a ser candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El CPCCS ha exigido, a través de un comunicado, «una investigación exhaustiva de este atroz crimen, que permita ubicar y detener a los responsables» y que la Justicia procese a los autores intelectuales y materiales del hecho y los castigue con toda la severidad que la ley permita.
El suceso trascendió con estupor a la esfera política nacional y el excandidato presidencial del correísmo Andrés Arauz señaló en redes sociales que «ni Jimmy Ruiz ni ningún patriota merecía que el crimen organizado se lo lleve». «Si el ataque era dirigido contra Augusto Verduga, su vida está en peligro. La investigación no debe descartar motivaciones políticas», apuntó.
Por su parte, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, expresó a través de la red social X su «más enérgica condena al cobarde y despiadado asesinato» y afirmó que «este acto vil y criminal no puede quedar impune» por lo que instó a las autoridades a trabajar con firmeza para «la captura, procesamiento y castigo de los responsables de este abominable crimen».
Yadira Saltos, consejera del CPCCS, también condenó el hecho y aseguró que Ecuador «está sumido en una crisis de inseguridad alarmante».
«¿Cuánto más debemos esperar para que se implementen acciones efectivas que detengan esta ola de violencia y devuelvan la tranquilidad a nuestra gente?», se preguntó en su cuenta de la red social X.
Alcaldes, políticos, fiscales y autoridades penitenciarias forman parte la lista de personas atacadas en los últimos meses por bandas del crimen organizado en Ecuador, lo que incluye secuestros y también asesinatos como el perpetrado el año pasado contra el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Ecuador se situó en 2023 como el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes, una violencia que ha sido atribuida a la acción de grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también a la extracción ilegal de minerales y otros delitos como la extorsión y el secuestro.
Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Si bien el Gobierno reporta una disminución en el número de homicidios a nivel nacional, las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de las bandas criminales se siguen sucediendo en el país. EFE (I)