La Policía Federal de Brasil demandó al ex mandatario brasileño, Jair Bolsonaron, por presuntamente preparar un golpe de Estado contra el actual presidente Lula Da Silva para derrocarlo del poder Ejecutivo, con quien perdió en las elecciones presidenciales en el 2022, este jueves, 21 de noviembre.
La institución acusó a 37 individuos, incluidos varios altos mandos militares, por los delitos de «derrocamiento violento del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación delictiva», según informó en un comunicado. Bolsonaro, quien fue presidente de Brasil entre 2019 y 2022, figura entre los implicados, junto con algunos generales, exministros y ex asesores de su administración.
En la lista se encuentran: Walter Braga Netto, general retirado del Ejército y exministro de la Presidencia y de Defensa, además de candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022; y Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina.
La investigación reveló la existencia de una conspiración que operó «de manera coordinada» después de las elecciones de 2022, con el objetivo de «intentar mantener» a Bolsonaro en el poder.
Esta misma semana, las autoridades brasileñas arrestaron a cuatro militares y un agente de la Policía Federal, acusados de planificar un atentado contra la vida de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encargado de la causa.
Según la investigación, el objetivo era asesinar a Lula y Alckmin, y formar un «comité de crisis» compuesto por militares afines a Bolsonaro. Entre las alternativas consideradas para llevar a cabo el crimen estaba el envenenamiento de los líderes electos. Uno de los detenidos en esta operación fue el general retirado Mario Fernandes, quien también aparece en la lista de acusados divulgada este jueves por la Policía.
El informe final de la Policía Federal, que supera las 700 páginas, fue enviado a la Corte Suprema, que supervisa el caso. En él se detalla cómo los implicados se organizaron en diferentes grupos para ejecutar el golpe, con tareas que iban desde la difusión de falsedades e incitación a los militares, hasta la búsqueda de estrategias legales, la implementación de los planes golpistas e incluso la recolección de inteligencia.
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, será el encargado de revisar el informe policial y decidir si presenta una denuncia formal ante la Corte Suprema contra los investigados.
Lula ganó las elecciones de octubre de 2022 por un margen ajustado frente al líder de la extrema derecha, quien nunca reconoció su derrota. Desde entonces, se desataron varios incidentes graves para tratar de evitar su investidura, que finalmente tuvo lugar el 1 de enero de 2023.
Entre los episodios más destacados estuvieron bloqueos de carreteras por camioneros, campamentos frente a los cuarteles pidiendo una «intervención militar» y disturbios violentos en Brasilia, incluyendo un intento de atentado con explosivos en un camión cisterna cerca del aeropuerto de la ciudad.
El punto culminante ocurrió el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de activistas de extrema derecha invadieron y destruyeron las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y la Presidencia, con la intención de incitar a los militares a salir a las calles y derrocar al nuevo presidente.
Durante ese año, Bolsonaro y su círculo cercano fueron objeto de varias operaciones policiales. En una de ellas se descubrió un borrador de un decreto presidencial que intentaba anular los resultados de las elecciones de 2022 e intervenir el Tribunal Superior Electoral, el organismo encargado de organizar los comicios.
Bolsonaro siempre ha negado las acusaciones y se ha declarado víctima de una persecución judicial.
Nota por: David Josue Quispe Franco.