En un informe de InSight Crime, en un archivo titulado «El sistema penitenciario de Ecuador-historia y retos de un epicentro del crimen», la revista analiza el problema del sistema carcelario en el país desde el inicio de los 2000. Y una de las conclusiones que detalla la investigación es la debacle del sistema penitenciario en la época del expresidente Rafael Correa.
Los problemas esencialmente se dan desde la creación de un «impreciso Código Orgánico Integral Penal (COIP), que lejos de resolver el problema lo agrava porque aumentó la población carcelaria más allá de la capacidad«, según la revista y luego la corrpción que involucró la construcción de dos càrceles como la de El Turi y la de Latacunga.
Durante el gobierno de Correa, se creó el Sistema de Gestión Penitenciaria. Parecería que los primeros resultados parecían prometedores. Las cifras oficiales mostraban por ejemplo, que, en 2014, las tasas de hacinamiento se habían desplomado, y que las prisiones estaban al 100% de su capacidad. La violencia también se redujo: el número de muertes por cada 10.000 presos cayó un 87% entre 2010 y 2014, según el Ministerio del Interior de esa época. Pero, lo cierto es que, Correa propició el ambiente adecuado para que el sistema penitenciario explote.
Correa permitió que con la llegada de nuevos reos se construyan nuevas cárceles como la del Turi, pero «Correa no desactivó la crisis penitenciaria de Ecuador. Por el contrario, la preparó para explotar. Para empezar, las nuevas prisiones estaban mal construidas«, según detalló InSight Crime. Según funcionarios entevistados por la revista, dijeron que «abundaban los rumores de corrupción en el proceso de contratación y construcción, y aunque no han salido a la luz casos concretos, había un patrón de irregularidades sospechosas».
Un caso fue la auditoría hecha en 2020 en la cárcel de Latacunga. Éste reveló una importante mala gestión e irregularidades, incluidos millones de dólares en gastos excesivos, pagos injustificados, obras no autorizadas, contratación de personal no calificado y fallas en la introducción de información crucial en los registros de contratación pública. Cuando se inauguró la prisión en 2014, ni siquiera tenía suministro de agua.
Con ello, detalla InSight Crime que «cuando terminó la presidencia de Correa, 10 años después, sus
reformas no habían creado un nuevo sistema, sino un nuevo negocio criminal«. Cuando Lenín Moreno sucedió a Correa, el exmandatario ya dijo que en la década correísta había «gente mimada» y que en la presidencia de Correa, no había control de los presos en las cárceles, según denciarios antiguos funcionarios a la revista.
Moreno eliminó el Ministerio de Justicia, fusionó el de Gobierno y el del Interior en uno solo y creó el SNAI. Aquello, según InsIght Crime propició más corrupción a un ya fallido sistema penitenciario «cuyas cifras ya fueron manipuladas» por el régimen anterior.
Cuando Guillermo Lasso asumió la presiedencia en 2021, Lasso pidió un informe detallado de estrategias alternativas para abordar la crisis carcelaria. Lasso se dió a la tarea de terminar con dicha crisis. El informe hecho por el expresidente dictaminó que “no son centros de rehabilitación, sino más bien almacenes de castigos y, por otro, son escuelas de tácticas delincuenciales”. Lasso tuvo la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea para mitigar el problema, pero no logró hacerlo por el decreto de la Muerte Cruzada.
Lasso, según InSight Crime «representó un enemigo de las bandas delincuenciales, por lo que durante sus dos años de gobierno, muchas tuvieron que realinearse para hacerle frente al poder del Estado«.
«En 2022, las negociaciones entre los principales líderes de las bandas conducirían a otra reorganización criminal, ya que Los Chone Killers y Los Tiguerones se realinearon con Los Choneros. Sin embargo, en lugar de traer la paz, esta reorganización sentó las bases para un nuevo ciclo de violencia dentro
y fuera de las cárceles, cuando Los Lobos, que para entonces rivalizaban con Los Choneros en su alcance e influencia nacional, se negaron a unirse.» detalla InsIght Crime.
Los tentáculos de la corrupción del sistema peniteciario llegaron hasta Pablo Ramírez, exiderector del SNAI, hoy sentenciado dentro del caso «Metástasis». Ramírez era parte de un grupo criminal junto a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y otras 27 personas, según la Fsicalía.
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