La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, comunicó que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad «para eliminar del Registro Oficial la Ley de Mejora Recaudatoria mediante la Lucha contra el Lavado de Activos, que fue enviada de manera ilegal por el Ejecutivo», mañana viernes, 13 de diciembre.
“No confiamos en una Corte que se ha sometido al poder político (…) Esperamos que la Corte Constitucional actúe de manera diligente, que no se lave las manos como Pilato y que como defensora de la Constitución se pronuncie como establece la ley, el ordenamiento jurídico y la Carta Magna”, manifestó la funcionaria en su intervención de rendición de cuentas.
Veloz, además, afirmó que, dado que los plazos que maneja la Corte Constitucional son amplios, solicitará una medida cautelar para suspender los tributos establecidos en esa Ley, con el fin de evitar perjudicar aún más los ingresos de los ciudadanos, ya afectados por la crisis económica y energética que atraviesa el país.
La medida, conocida por el gobierno como «antipillos», fue publicada el martes 10 de diciembre de 2024 en el Registro Oficial. Un día antes, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto para su promulgación, a pesar de que la Asamblea había rechazado y archivado el proyecto de ley.
Posturas divididas entre los juristas
Existen dos posiciones opuestas. La primera, respaldada por la mayoría de la Asamblea, que rechazó y archivó el proyecto de ley basándose en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual otorga a la Asamblea la facultad de archivar un proyecto en el primer debate. Asimismo, se respalda en el artículo 140 de la Constitución, que establece un plazo de 30 días para que la Asamblea apruebe, modifique o rechace los proyectos económicos urgentes.
El abogado Gonzalo Muñoz apoya la postura de la Asamblea, argumentando que, desde la entrada en vigor de la Constitución en 2008, es la primera vez que un Gobierno ignora el archivo de una ley aprobada por el Parlamento.
El Ejecutivo defiende la otra postura, que se fundamenta en el artículo 137, el cual establece que los proyectos de ley deben ser discutidos en la Asamblea en dos debates.
Para el letrado y ex secretario de la Asamblea, Pablo Santillán, el Presidente actuó en base a ese artículo y no asumió funciones que no le corresponden.
En cuanto a este asunto, Santillán señala que ya existe una resolución de la Corte Constitucional de 2023, en la que se evaluaron los decretos ley emitidos por el expresidente Guillermo Lasso tras la disolución de la Asamblea.
Nota por: David Josue Quispe Franco.