Quito, Ecuador
La reciente desaparición de cuatro chicos del barrio Las Malvinas, de Guayaquil, es un asunto que debe tratarse con extrema prudencia por sus profundas implicaciones en aspectos tan sensibles de la vida democrática como el papel de la fuerza pública en el control del delito y la garantía de los derechos individuales, en un contexto en el que las organizaciones criminales buscan someter al Estado y, haciéndolo, amenazan destruir lo que habitualmente se entiende por política: el “empeño de administrar lo público, lo que es de todos con entrega absoluta a la justicia y la verdad” (Citado por Emilio Lledó).
La presunta participación de miembros de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los chicos de Las Malvinas ha generado una corriente de opinión que, distorsionando la realidad, ha llegado a igualar a los criminales con quienes los combaten e, incluso, a sustituir a los unos por los otros, de manera que los malos, ahora, ya no serían los delincuentes que aterrorizan al país, sino las Fuerzas Armadas.
Es obvio a quien favorece esta distorsión -desaprensiva o interesada- de la realidad. Y es obvia la miseria moral de quienes la alientan a fin de obtener réditos electorales a costa de un presidente de la república absolutamente desubicado.
Los criminales, esos que han impuesto su régimen de servidumbre en parte del país, no están solos: tienen valedores que saben aprovechare de la desgracia ajena. Y, entre estos, destacan los que pretenden que la violencia criminal no debe combatirse con la fuerza legal, sino con la no violencia, ignorando que los delincuentes, como ocurrió en estos días en Flor del Bastión, otro barrio de Guayaquil, no tienen ningún escrúpulo, cuando se les presenta la oportunidad, en asesinar a los miembros de las fuerzas del orden.
A los detractores indiscriminados de la fuerza pública y de su lucha contra el crimen organizado conviene recordarles que: “La consecuencia necesaria del derecho del hombre a la vida es su derecho a la autodefensa. En una sociedad civilizada, la fuerza puede ser usada solo en represalia, y solo contra quienes inician su uso. Todas las razones que hacen que el inicio de la fuerza física sea una maldad hacen que el uso de la fuerza física como represalia sea un imperativo moral. Si alguna sociedad ´pacifista´ renunciase al uso de la fuerza como represalia, se volvería impotente y quedaría a merced del primer matón que decidiese ser inmoral. Tal sociedad lograría lo opuesto a su intención: en vez de abolir la maldad, la fomentaría y la recompensaría” (Ayn Rand).
Sentado lo anterior, debemos exigirle al gobierno una evaluación seria de la estrategia y los procedimientos que ha venido usando hasta ahora para enfrentar al crimen organizado. Es su obligación garantizar que las acciones que lleva a cabo para proteger a los ciudadanos de los criminales no entren en conflicto con el respeto a los derechos individuales, especialmente, los derechos a la libertad y a la vida. Garantizar la seguridad ciudadana respetando los derechos de los individuos es el desafío de la política democrática. Seguridad y respeto a los derechos son sus coordenadas y objetivos.
