El asambleísta Leonardo Berrezueta, de la Revolución Ciudadana (RC), fracasó en su intento de archivar el informe de la investigación en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional sobre el caso Triple A en donde se le involucra a Aquiles Álavez con el supuesto delito de tráfico de combustible.
Berrezueta argumentó que, habiendo transcurrido más de siete meses en esta investigación y sin haberse solicitado prórroga conforme lo determina el Reglamento de Comisiones, «evidentemente ha precluido el plazo para el tratamiento del informe y, en consecuencia, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral ha perdido la competencia para seguir tratándolo», expresó. Al tiempo añadió que resulta extraño que muchas sesiones se hayan suspendido para avanzar en este informe.
Por lo tanto, mocionó “archivar el informe de la resolución 004 sobre el presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles”, dijo Barrezueta.
El legislador de la RC explicó que no puede ser posible que una fiscalización esté durando más de siete meses y que ha sido convocada en más de una ocasión a las sesiones de la comisión y se hayan suspendido por búsqueda de votos.
La moción fue respaldada por los asambleístas Alexandra Arce (RC), Otto Vera (PSC) y Alexandra Castillo (PSC), que junto con el proponente reunieron cuatro votos de los nueve integrantes de la mesa. Sin embargo, en contra se pronunciaron los legisladores Xavier Jurado, Diego Matovelle e Inés Alarcón, de la bancada ADN.
De su lado, los asambleístas Rafael Dávila (Avanza) y Sandra Rueda (Construye) optaron por la abstención.
La presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Inés Alarcón (ADN), afirmó que no hay plazo para un proceso de fiscalización, y que el archivo de un informe se puede dar siempre y cuando haya los votos.
También, Alarcón dijo que «desde una perspectiva política pueden solicitar el archivo de una investigación, pero no es válido argumentar un incumplimiento de tiempos, ya que la ley no impone una duración específica para este tipo de procesos».
Afirmó que en este caso planteado por el legislador Berrezueta existe una interpretación incorrecta del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el cual establece un plazo máximo de 30 días cuando el pleno de la Asamblea o el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispone a una comisión el inicio de una investigación. No obstante, en este caso, la resolución que da origen a la investigación proviene de la propia comisión y no del pleno, por lo que dicho plazo no aplica.
Inés Alarcón manifestó que “… son las agendas particulares de la clase política que están orientadas a desgastar la imagen del Gobierno en pleno proceso electoral. Yo le invitaría al asambleísta Fernando Cedeño (RC) a trabajar por el país y no de acuerdo a como le dictan desde Bélgica”, puntualizó la legisladora.