El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega Caicedo, ratificó la setencia contra Verónica Abad que ordenaba la suspensión por dos años los derechos políticos contra ella y la multa de 30 salarios básicos unificados por comprobarse que incurrió en violencia política de género contemplado en el artículo 279 del Código de la Democracia.
Ortega da respuesta al recurso de aclaración interpuesto por la defensa de Verónica Abad, respecto de la sentencia dictada el 27 de febrero de 2025. Fue justamente el juez electoral aceptó la denuncia presentada por Gabriela Sommerfeld Rosero, en calidad de ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en contra de la vicepresidenta.
Así, su setencia dictaminó: “con base en estereotipos de género y relaciones de dominación, ha menoscabado su imagen pública a través de declaraciones injuriosas y discriminatorias, con la intención de limitar sus derechos inherentes a la función pública que realiza, impidiéndole ejercer el cargo en condiciones de igualdad”.
La defensa de Abad pedía la aclaración en cuatro asuntos jurídicos: nulidad por falta de citación, estereotipos de género, limitación o negativa de recursos y atribuciones de la denunciante y suspensión de derechos políticos de la vicepresidenta.
La defensa de la vicepresidenta podrá presentar un recurso vertical de apelación que debe ser resuelto por el pleno del TCE, y para ello, tiene un término de tres días. Pues, ésta impuganaba la sanción impuesta en la sentencia, concretamente la suspensión de los derechos políticos de participación. Para la defensa de Abad, la recurrente insinúa que el Tribunal Contencioso Electoral carecería de competencia para suspender los derechos políticos de una alta funcionaria como la vicepresidenta o que tal sanción vulneraría normas superiores, por lo que solicita que se aclare o justifique la procedencia de dicha sanción.