El expresidente Rafael Correa criticó este martes, 11 de marzo, vía X, a las 03:26, desde Bélgica, ante la noticia que el conjuez Marco Torres Aguirre ratificó el pasado lunes, 10 del presente mes, la validez del caso Reconstrucción de Manabí.
Después de 80 días de discusión, en la Corte Nacional de Justicia, se dio ayer inicio a la audiencia previa al juicio y la imputación de cargos, contra el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro de Obras Públicas, Walter Solís, y otros siete acusados.
Según Correa, «¿Nunca le enseñaron en las facultades de Comunicación Social a decir toda la verdad? Es que aquí no existe delito alguno, pero primero a Celi y luego a Diana Salazar se les ocurrió decir que el parque «Las Vegas» en Portoviejo, o el puente binacional en San Lorenzo no eran obras de «reconstrucción», y que eso es peculado. ¿Dónde están la prensa decente y las facultades de Derecho?».
No obstante, el pasado miércoles, 5 de febrero de 2014, se grabó un video inédito, donde Jorge Glas, exvicepresidente de la República y acusado por el Caso Reconstrucción de Manabí, dijo que no hay que dejar nada por escrito porque con eso en 10 años arrestarrían a Correa.
Audiencia de análisis y preparación para el proceso judicial
De acuerdo con Ecuavisa. Ayer, con la presencia del fiscal subrogante Wilson Toainga, se reanudó la audiencia en la que la Fiscalía General del Estado presentó su acusación formal contra los imputados por presunto peculado.
Jorge Glas fue identificado como el principal responsable y, según el fiscal Toainga, comenzó a cometer el delito diez días después del terremoto. Insistió en que, junto con otros altos funcionarios imputados, se priorizaron proyectos que no eran urgentes, como la construcción de infraestructuras pesqueras en Chamanga, Cojimíes, Puerto López, entre otras, según Ecuavisa.
Para Ecuavisa, Toainga explicó que estos proyectos ya estaban pendientes antes del terremoto de 2016. Además, su implementación solo contó con el respaldo de Jorge Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí.
De acuerdo con Ecuavisa. La investigación se realiza por presunto mal manejo de fondos públicos, y la Fiscalía busca probar la gestión inapropiada de los recursos asignados luego del terremoto de 2016. En ese período, el expresidente Rafael Correa también incrementó el IVA en dos puntos para recaudar dinero que sería destinado a las áreas devastadas.
Desde la óptica de la Fiscalía General del Estado, Glas y los demás imputados favorecieron proyectos que no tenían vínculo con la reconstrucción de las zonas afectadas (Manabí y Esmeraldas), según Ecuavisa.
Para Ecuavisa. Luego de una pausa, el fiscal subrogante retomó su presentación del informe acusatorio e incluyó a otros presuntos involucrados en casos de corrupción. Señaló que algunos contratos fueron asignados, bajo el concepto de emergencia, a familiares de Bernal. La acusación ha sido negada por la empresa.
De acuerdo con Ecuavisa. Tras un segundo receso, el juez del caso suspendió la audiencia e indicó que se reanudará a las 09:00 del martes 11 de marzo, para que la Fiscalía continúe con la presentación de los elementos de prueba que respaldan su informe.
Glas se declaró «loco» y dice que supuestamente fue torturado
El último argumento de Glas es que, cuando fue arrestado en abril de 2024 en la Embajada de México, en Quito, se declaró esquizofrénico y supuestamente sufrió torturas, por lo que sostiene que su captura y juicio son ilegales. Sin embargo, el Conjuez señaló que, en un habeas corpus anterior, ya se había declarado la legalidad de su detención.
Según Kchcomunicacion, al comienzo de la audiencia, la defensa de Glas reiteró al Conjuez que se aplicara el artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El cual establece que una persona declarada inimputable debido a un trastorno mental debe ser ingresada en un hospital psiquiátrico para tratar su afección y lograr su reintegración social. Aguirre también debe pronunciarse sobre esta solicitud.
De acuerdo con Kchcomunicacion, al concluir su intervención sobre los vicios de nulidad, el conjuez Aguirre se pronunció sobre las afirmaciones de la defensa de Jorge Glas, quienes han sostenido que ha sido víctima de torturas por parte de agentes del Estado.
Para Kchcomunicacion. El Magistrado ordenó a la Fiscalía iniciar una investigación para aclarar estos hechos. No obstante, el juez no se pronunció sobre la solicitud de que el exvicepresidente sea trasladado a un hospital psiquiátrico.
Caso Reconstrucción de Manabí
El 26 de abril de 2016, según la Fiscalía General del Estado (FGE), «A través del Decreto Ejecutivo 1004, se estableció el Comité de Reconstrucción y Reactivación de la Actividad Productiva y del Empleo, con el fin de realizar la construcción y restauración de la infraestructura esencial para reducir los impactos del terremoto, así como poner en marcha planes, programas, acciones y políticas públicas orientadas a la reactivación, producción y generación de empleo en las áreas afectadas».
El 20 de mayo de ese año, «se promulgó la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Áreas Afectadas por el Terremoto, la cual establece la recolección de contribuciones solidarias de individuos con relación laboral, entidades jurídicas, organizaciones y empresas tanto del sector público como privado; es decir, de todos los ecuatorianos».
El 25 de abril de 2019, «el Ministerio Público ha recibido una queja del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (T) sobre incidentes vinculados al mal uso de los recursos públicos, empleando los fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto».
El 9 de mayo de ese año, «la Procuraduría General de la República recibe un reporte con indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría General de la República, como parte de una auditoría especial de los contratos suscritos para la construcción del Parque Las Vegas, situado en Portoviejo; y la edificación del tramo de acceso al Puerto de Manta, rotonda del Imperio Colisa, cuyo financiamiento provino de los recursos de la Ley de Solidaridad, destinados específicamente para hacer frente a los efectos del siniestro».
El 10 de febrero de 2020, «el Ministerio Público recibió una nueva querella del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por el supuesto delito de asociación ilícita, mencionando la reunión llevada a cabo el 22 de mayo de 2017 entre el expresidente del Comité de Reconstrucción, Jorge G.; Carlos B., en calidad de secretario del Comité; y la participación del gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, Pablo O., en la que se priorizaron 584 proyectos sin justificación técnica que evidenciaran el propósito inmediato de reconstrucción, construcción o reactivación productiva de las zonas afectadas por el desastre natural».
El 30 de mayo de 2023, «después de que la Fiscalía examina y evalúa la relación entre los hechos (con las acusaciones presentadas por el CPCCS y el informe del CGE), se consolida el expediente judicial para que la indagación pueda proseguir».
El 1 de junio de 2023, «la Fiscalía pide fijar una fecha y hora para formular acusaciones contra el expresidente de la Comisión de Reconstrucción y Reactivación Productiva y Empleo, Jorge G., y los exservidores públicos Carlos B. y Pablo O., por su supuesta implicación en el delito de malversación de fondos».
Fiscalía presentó cargos contra Glas e implicados
El 5 de enero de 2024, «la Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos contra Jorge G., exvicepresidente de la República y expresidente de la Comisión de Reconstrucción y Reactivación Productiva; Carlos B., exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva; y Pablo O., exgerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, por su presunta implicación en el delito de malversación de fondos».
«El Juez a cargo del caso ha ordenado la prisión preventiva para Jorge G. y Carlos B., así como la retención, inmovilización y congelación de las cuentas que los acusados mantienen en el sistema financiero nacional, además de la prohibición de transferir activos por un monto de 122.492.990,76 dólares para cada uno», señaló.
El 21 de febrero de 2024, «la Corte Nacional de Justicia declara de manera unánime inadmisible el recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por el exvicepresidente de la República, Jorge G., procesado por supuesto peculado».
«El recurso también había sido presentado por Carlos B. Sin embargo, la Corte declaró su abandono, conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 652 del COIP, debido a la inasistencia del apelante (también procesado)», indicó.
El 12 de abril de 2024, «el Ministerio Público ha vinculado a seis personas adicionales a la investigación por presunto peculado, ocurrido en el marco de la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016. Hasta el momento, un total de nueve personas han sido procesadas por este caso».
«El juez ha ordenado prisión preventiva para Walter Hipólito S., exministro de Transportes y Obras Públicas (MTOP), y comparecencias periódicas para Boris Sebastián C., exministro de Transportes y Obras Públicas; Franklin José B. y Omar Wilfrido Ch., exsubsecretarios zonales del MTOP; Víctor Salvador J., exdirector de Inmobiliar; y Milton Daniel M., exdirector de Secob», enfatizó.
Rafael Correa actualmente reside en Bélgica. Al igual que varios funcionarios de su gobierno, fue condenado por su papel en tramas de corrupción. El exmandatario insiste en que es víctima de persecución política y niega haber participado en actos criminales.
Nota por: David Josue Quispe Franco.