En representación de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), ese 12 de marzo de 2025, los legisladores Adrián Castro y Fernando Jaramillo presentaron dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado en contra de miembros del movimiento Revolución Ciudadana y exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de esta misma tienda polìtica, por el presunto delito de fraude procesal, tráfico de influencias y simulación de funciones públicas.
El asambleísta Castro, explicó a la prensa que la bancada de ADN analizó una serie de documentos que llegó hasta su despacho y que con base a la información obtenida presenta la denuncia en contra del secretario del movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, quien, para el oficialismo, «tenía intereses» para nombrar al Superitendente de Bancos y ADN lo denuncia por fraude procesal debido a que en un tuit, el secretario de la RC expresó que «alguien quería asesinar a Augusto Verduga», pero Arauz nunca denunciò quièn ni puso pruebas en la Fiscalìa al respecto.
Por ello, Castro argumenta: «Este hecho es extremadamente grave, pues de acuerdo con la ley, todo ciudadano ecuatoriano que tiene conocimiento de una noticia que puede ayudar a la Fiscalía a determinar culpables de un delito, tiene que ser puesto en manos de la autoridad competente; situación que no se ha dado, lo que hace que el señor Araúz, incurra en una de las figuras que están en el Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con el fraude procesal al no dar información a la Fiscalía General del Estado».
La siguiente denuncia la colocó Fernando Jaramillo (ADN) por simulación y usurpación de funciones en contra de los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de la llamada «Liga Azúl». Este delito según el COIP se sanciona con una pena privativa de libertad de uno a tres años.
Según Jaramillo, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Jadira Saltos, y la actual consejera, Nicole Bonifaz, quienes según el denunciante habrían simulado y arrogando funciones que le competen exclusivamente a la Corte Constitucional (CC), y proceden a designar en este caso a Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos en prejuicio y en detrimento de a quien verdaderamente le correspondía, José Roberto Romero, esto de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional 372-23-P/24. Ellos interpretaron la sentencia y no acataron la decisión.
La tercera denuncia, según explicó el legislador Ferdinan Álvarez (ADN), es en contra de varios funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y tiene relación con incumplimiento de decisiones judiciales emitidas por autoridad competente, en contra de Andrés Arauz, Virgilio Hernández y el operador político de la RC, Santiago Diaz.
