Quito, Ecuador
Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, enfrenta las consecuencias de su política de impunidad. Su ‘guerra contra las drogas’, que dejó más de 30.000 muertos, en su mayoría de jóvenes en barrios empobrecidos, le llevó a la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad: un recordatorio contundente de que la impunidad tiene fecha de caducidad, incluso para líderes que se creen intocables.
Aunque Quito y Manila están separados por 16,500 kilómetros, las lecciones de Duterte resuenan con fuerza en Ecuador en un momento crítico para el presidente Noboa, quien se enfrenta a Luisa González en una intensa campaña electoral. En este contexto, la tentación de adoptar políticas de ‘mano dura’ para asegurar la popularidad de Noboa se intensifica.
La política de mano dura implementada por Duterte sirvió como pretexto para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, allanamientos nocturnos e institucionalizar un clima de terror. A pesar de que Duterte retiró a Filipinas del tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2019, la investigación no fue suspendida y, en 2021, la Corte abrió un expediente por crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, el 11 de marzo de 2025, Duterte fue arrestado y deberá rendir cuentas por sus actos ante la CPI.
En Ecuador, el presidente Noboa ha insistido en que el país recibirá pronto cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado. En este contexto, la anunciada alianza con la empresa de seguridad Blackwater podría agravar aún más la crisis y causar daños irreversibles. Conocida por su controvertido papel en conflictos bélicos, Blackwater opera al margen de las leyes internacionales, y recurrir a ella difícilmente puede considerarse una forma legítima de «cooperación».
Además, implicaría un costo exorbitante y pondría de manifiesto el fracaso de nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Involucrarla en la seguridad interna de Ecuador es una apuesta arriesgada que podría intensificar los abusos, exacerbando la desconfianza ciudadana y debilitando la posición del Estado a nivel nacional e internacional. Surge entonces la pregunta: ¿Forma esto parte del famoso «Plan Fénix» o es simplemente una respuesta espasmódica e improvisada?
Y aunque la conexión con Blackwater podría ser una mera estrategia electoral, no debe subestimarse esta peligrosa apuesta. El involucramiento de Blackwater —con su historial de controversias en Irak y Afganistán— en la seguridad interna podría abrir la puerta a un precedente alarmante, desviando recursos públicos hacia ‘servicios’ altamente cuestionados (por decir lo menos).
La historia reciente ofrece una clara advertencia: En Filipinas, la política de mano dura no sólo fracasó en reducir la violencia, sino que también sembró un ciclo de impunidad y represión. Aunque el contexto de Ecuador y Filipinas es distinto, el presidente Noboa se enfrenta a un dilema similar: la creciente inseguridad en Ecuador lo pone bajo presión para utilizar fuerzas externas para enfrentar el crimen, arriesgándose a repetir los mismos errores que llevaron al expresidente de Filipinas a un destino de aislamiento y consecuencias internacionales.
Duterte creyó que la impunidad sería eterna, pero hoy enfrenta las consecuencias de su brutal política de seguridad. De hecho, la militarización y el uso de mercenarios privados perfilan un modelo de seguridad que prioriza la mano dura sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la justicia. Si Noboa opta por seguir este rumbo, su gobierno comprometería la ya delicada estabilidad política, minando aún más la confianza ciudadana, poniendo en peligro el estado de derecho y abriendo la puerta a posibles abusos de poder. Tal decisión acarrearía un costo mucho más alto que el económico: representaría una amenaza directa a la propia legitimidad del Estado.
En su reciente dictamen 1-25-EE/25, la Corte Constitucional advirtió sobre los peligros de adoptar medidas extremas sin el respaldo jurídico adecuado. Al rechazar la tesis del gobierno sobre un «conflicto armado no internacional», la Corte instó a implementar una estrategia más equilibrada, que priorice soluciones legales ordinarias en lugar de excepcionales.
Este pronunciamiento revela la debilidad estratégica del gobierno, que ha optado por medidas extremas sin el fundamento legal necesario en su lucha contra el crimen. Además, la Corte llamó al Ejecutivo a implementar medidas sostenibles en materia de seguridad pública, y estableció una Comisión Interinstitucional encargada de coordinar y supervisar las acciones legislativas, políticas públicas y judiciales contra la violencia y el crimen organizado. Su objetivo principal será promover el uso de mecanismos jurídicos ordinarios, reduciendo así la dependencia de medidas excepcionales. Ante este panorama, surge una pregunta crucial: ¿qué postura adoptará la Comisión frente al uso de Blackwater?
Como mencioné en mi nota anterior, las soluciones rápidas, aunque imperfectas, pueden aliviar temporalmente las tensiones políticas, especialmente cuando se ostentan simultáneamente el cargo de presidente y la candidatura. Sin embargo, como ciudadanos, debemos mantener una postura crítica. Es evidente que el presidente Noboa sigue optando por medidas extraordinarias sin una estrategia integral a largo plazo, mientras Ecuador necesita con urgencia fortalecer sus instituciones democráticas, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
A tan sólo un mes de las elecciones, Noboa tiene la oportunidad de demostrar que es posible combatir el crimen sin recurrir a la violencia ni a la excesiva militarización.
Ecuador se sigue enfrentando a una elección crucial: optar por el camino de la mano dura, que socava la democracia y los derechos humanos, o por un cambio real basado en la justicia, la prevención y el fortalecimiento de las instituciones. No es sólo una cuestión de seguridad, sino de futuro democrático. Recurrir a la represión inevitablemente perpetúa un ciclo de sufrimiento, que con el tiempo cobrará un alto precio tanto para el gobernante como para el pueblo.
