El Gobierno de Bielorrusia ha profundizado su ataque y métodos de «purga» de organizaciones independientes y de cualquier persona percibida como opositora, con al menos 1.200 prisioneros políticos que están detenidos y estarían sufriendo tortura, según los indicios reunidos, dijo este miércoles un grupo independiente de expertos de la ONU.
«Tenemos amplia evidencia de que los arrestados por razones políticas en los últimos cuatro años han sido objeto de tortura y malos tratos», señaló la presidenta del grupo, Karinna Moshalenko, al exponer la situación de Bielorrusia ante el Consejo de Derechos Humanos.
Sólo en 2024, más de 7.500 personas fueron procesadas por cargos políticos, con un aumento alarmante de detenciones cada mes.
Asimismo, el control estatal sobre la sociedad civil se ha consolidado con la liquidación el año pasado de 228 organizaciones de la sociedad civil y la persecución de más de 1.100 individuos y 87 entidades que fueron incorporadas a un listado de «extremistas», una vía para que sean procesados penalmente.
En este contexto de represión de derechos y libertades civiles fundamentales, el grupo de expertos de la ONU concluyó que existen elementos suficientes para considerar que en Bielorrusia se está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución política y encarcelamiento.
Los investigadores también han establecido que la represión se ha agravado en los últimos años porque antes los arrestos arbitrarios ocurrían por algún tiempo luego de procesos electorales y luego se calmaban, pero más recientemente se ha observado que los abusos persisten en el tiempo.
«La ola de detenciones que se registró tras las elecciones presidenciales de 2020 persiste hasta la actualidad», aseguró el grupo de la ONU.
Afirmó que el resultado oficial de las elecciones del pasado enero es «la raíz» de la represión más reciente, pues en esos comicios no hubo candidatos alternativos genuinos.
«Con el Poder judicial en manos del Ejecutivo, las sanciones sistemáticas contra los abogados y violaciones del derecho a un juicio justo, Bielorrusia demuestra claramente su incapacidad y falta de voluntad para perseguir (estos) crímenes», señaló.
A pesar de los reiterados pedidos de acceso y colaboración por parte del grupo, las autoridades bielorrusas han negando la posibilidad de investigar a fondo las muertes en detención y otros abusos, según la instancia investigadora.
Bielorrusia es un firme aliado de Rusia, a la que ha facilitado el uso de su territorio para su despliegue militar contra Ucrania en los últimos tres años.
Mientras, el presidente Alexandr Lukashenko de 70 años, ha cumplido 30 años en el poder. EFE (I)