La Conferencia Conjunta de Iglesia y Desarrollo (GKKE), asociación que reúne a organizaciones católicas y protestantes alemanas y que publica anualmente un informe sobre la industria armamentística con una perspectiva eclesiástica, se muestra comprensiva con los planes de rearme de Alemania dada la amenaza de Rusia.
«La amenaza de la Federación Rusa es real», dijo el director ejecutivo de la GKKE, Jörg Lüer, en unas declaraciones a la revista ‘Der Spiegel’, según trascendió en un avance del próximo número de la publicación editada en Hamburgo.
«No podremos evitar adquirir nuevo armamento», abundó Lüer a cuenta de las intenciones de ampliar el gasto en defensa de la Unión Cristianodemócrata (CDU), la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).
Esos tres partidos presentaron hace una semana un acuerdo de coalición en el que la defensa juega un papel clave, pues, según dicho documento, que recoge uno de los lemas de la campaña del líder cristianodemócrata Friedrich Merz: «queremos poder defendernos para no tener que defendernos».
El Parlamento alemán, por iniciativa de la CDU/CSU, SPD y Los Verdes, modificó la Constitución del país para, entre otras cosas, liberar del freno de la deuda a todo gasto en Defensa del Ejecutivo que supere el 1 % del PIB.
Tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, Alemania trata de rearmar a sus Fuerzas Armadas al tiempo que mantiene un apoyo sostenido al país agredido por la nación que lidera el presidente ruso, Vladímir Putin.
Alemania es el país europeo que más ha contribuido a la defensa de Ucrania frente a Rusia, sólo por detrás de Estados Unidos.
Según datos recientes del Instituto para la Economía Mundial de Kiel (IfW), centro de estudios económicos que registra los anuncios de apoyo internacional a Kiev, Alemania ha aportado, en total, unos 17.200 millones de euros, de los cuales 12.620 millones de euros corresponden a material militar.
Dichas modificaciones también incluyen la creación de un fondo para las inversiones en infraestructuras y protección climática valorado en 500.000 millones de euros, con un uso estará limitado a doce años. EFE (I)