Amnistía Internacional (AI) denunció hoy en su informe anual las «leyes y políticas represivas» de China que «restringen la libertad de expresión y otros derechos humanos», mientras alertaba de que activistas defensores de estos derechos han sido arrestados y condenados a largas sentencias de prisión.
La ONG revela además «nuevas restricciones a la libertad religiosa» en la región occidental de Xinjiang, donde viven numerosas etnias minoritarias de religión musulmana, cuyos miembros sufren «detenciones arbitrarias».
De igual manera, AI alerta de una «intensificación de la represión de la cultura y el idioma» locales en la región occidental del Tíbet, donde se están produciendo, según la organización, cierres de escuelas en tibetano y la imposición del mandarín.
La organización también destaca el énfasis de las autoridades en la «estabilidad» ante «la creciente preocupación por la desaceleración económica, la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población».
Dicho énfasis se ha traducido, según AI, en un «control cada vez más estricto» por parte de las autoridades, a quienes acusa, un año más, de una «persistente falta de transparencia».
Persecución contra activistas
El informe recoge el caso de Chen Pinlin, el director de un documental acerca de las protestas registradas contra la directriz de ‘cero covid’ a finales de 2022 que fue arrestado en enero de 2024 por «buscar pelea y provocar altercados», cargo habitualmente utilizado en China contra defensores de derechos humanos y disidentes.
Asimismo, el artista Gao Zhen, especializado en obras de denuncia social, fue detenido por «insultar a héroes revolucionarios y mártires».
El pasado junio, dos activistas del movimiento ‘Me Too’ y de los derechos laborales, Sophia Huang Xueqin y Wang Jianbing, fueron condenados a cinco y tres años y medio de prisión, respectivamente, por «incitar a la subversión del poder estatal».
Asimismo, AI denuncia que las autoridades chinas «siguieron expandiendo el marco legal y regulatorio para restringir la libertad de expresión» y advierte de que la autoridad reguladora del ciberespacio chino impuso nuevas medidas contra formas de lenguaje y jergas usadas por los internautas para sortear la censura.
Represión del activismo LGBTI
La oenegé destaca en el informe la sentencia el pasado mayo a favor de una persona del colectivo LGTBI para visitar mensualmente a su hija tras una disputa por la custodia de la menor.
Pese a este «avance importante», la organización critica que «la represión del activismo LGTBI haya continuado» en el país asiático.
«Los activistas se enfrentan a riesgos como detenciones e interrogatorios arbitrarios, así como a la censura de temas relacionados con la comunidad LGTBI», señala el documento.
Amplio uso de la pena de muerte
Respecto a la pena de muerte, AI apunta su «amplio uso» en el gigante asiático y lamenta que «las cifras sobre el número de condenas y ejecuciones sigan siendo clasificadas como secreto de Estado».
El acceso a la información sobre la pena máxima «se ha visto todavía más restringido» por las revisiones de la Ley de Protección de Secretos de Estado, promulgadas en febrero de 2024, aseveró AI.
La oenegé recordó el caso de un funcionario chino condenado a muerte por violar la Ley de Protección de Secretos de Estado el pasado noviembre y denunció que las autoridades chinas contemplen duros castigos, incluida la pena capital, para aquellos que «defiendan o actúen en apoyo de la independencia de Taiwán». EFE (I)