La asambleísta correísta Paola Cabezas lució este viernes, durante la ceremonia en la que recibió su acta de parlamentaria electa, un vestido con los rostros de los cuatro menores de la comunidad afro que fueron desaparecidos y asesinados tras ser detenidos irregularmente por militares en diciembre pasado.
Cabezas, integrante de la Revolución Ciudadana, asistió a la ceremonia de acta de entrega de las credenciales de asambleístas nacionales electos con un vestido celeste y blanco en cuya falda llevaba retratados los rostros de los cuatro menores.
Al momento de recibir el acta de parlamentaria electa, extendió la falda para a mostrar las cuatro figuras, al costado los asambleístas electos nacionales por el oficialismo Annabella Azín, madre del presidente Daniel Noboa, y de Niels Olsen, exministro también del Gobierno del actual mandatario.
«La dignidad no se suplica, la justicia no espera. Por Ismael, Nehemías, Josué y Steven, nombres que florecen en nuestra memoria. Por las infancias que sueñan, por la vida que resiste. Las vidas negras importan», escribió Cabezas en sus redes sociales.
La legisladora también cuestionó que la ceremonia de entrega de actas para los asambleístas nacionales electos se hiciese en un recinto militar como la Escuela Eloy Alfaro, del Ejército ecuatoriano, algo que consideró que no era un lugar neutral.
La noche del 8 de diciembre de 2024, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, de Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a Taura, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Los militares, que están recluidos en dos cárceles del país bajo prisión preventiva, aseguraron desde un inicio que dejaron a los menores con vida en una zona rural de la localidad, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza.
Recientemente, tres de los diecisiete militares investigados cambiaron su declaración para confesar que los menores fueron sometidos a golpes y vejaciones por parte de sus compañeros, con el objetivo de acogerse a la colaboración eficaz (delación premiada) y quedar apartados de la acusación de la Fiscalía.
De acuerdo al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que lleva el caso en representación de las víctimas y sus familias, estas últimas declaraciones hace que al presunto delito de desaparición forzada se añada el de torturas física y también sexual, debido al desnudo forzoso a un menor de edad.
Los hechos se dieron en el marco del «conflicto armado interno» declarado desde 2024 por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, principales causantes de la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, con un promedio de un asesinato por hora desde inicios de 2025.
Noboa ha decretado sucesivos estados de excepción en los que ha dispuesto que las Fuerzas Armadas participen en operaciones contra el crimen organizado y se encarguen del control de las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia al estar controladas por las estructuras criminales que pasó a denominar como «terroristas».
De acuerdo al CDH, la Fiscalía registra más de 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales desde que se declaró el «conflicto armado interno», 83 investigaciones por tortura, 223 por extralimitación en el uso de la fuerza y 8 de desaparición forzada, si bien el organismo considera que son más. EFE (I)