Guayaquil, Ecuador
Dados los resultados de la sesión de instalación de la nueva Asamblea Nacional el pasado miércoles 14 de mayo, podemos prever que Daniel Noboa contará con gobernabilidad para su nuevo periodo presidencial. Esto, que podría celebrarse a priori como una oportunidad para realizar los cambios estructurales que el país tanto necesita, también significa que el mandatario no tendrá excusas en caso de no tomar las medidas correctas.
El 13 de mayo, un día antes, el binomio electo tuvo una reunión con empresarios y representantes de cámaras de producción e industrias, donde abordaron lo que será su plan comercial y productivo. El plan, según dijo el mandatario, estará enfocado en generar empleo. Ahora bien, si esa es la prioridad del Ejecutivo y podemos proyectar gobernabilidad política para los próximos años, ¿qué me lleva a dudar de los resultados de su gestión? La respuesta, como usualmente sucede, se encuentra en sus ideas.
Se dice que el primer periodo de gobierno fue muy corto e insuficiente para realizar cambios positivos en materia económica. Sin embargo, fue tiempo suficiente para tomar decisiones en la dirección equivocada. Por ejemplo, ciertas decisiones de la ministra de trabajo Ivonne Núñez, que lejos de generar las condiciones para que aumente el empleo, significaron decisiones populistas que perjudicaron al mercado laboral.
La peor de estas fue presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para derogar el contrato especial emergente (contrato a plazo fijo) que constaba en los artículos 16 al 23 del capítulo III de la Ley Humanitaria.
En su momento se produjeron críticas a las formas ya que, según la Constitución, una propuesta de esas características solo puede provenir del presidente o de la Asamblea. A pesar de las críticas, la propuesta fue aprobada, y desde el 31 de diciembre del 2024 se eliminó esta forma de contrato que era hasta entonces, la segunda forma de contrato más utilizada en Ecuador según datos del propio Ministerio de Trabajo.
Podría pensarse que la visión de la ministra ha cambiado, pero existen otros indicios que anulan esa posibilidad. Más recientemente, por ejemplo, impulsó una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 003-2025, adoptada el 22 de enero por la Corte Nacional de Justicia, con la que se eliminó la bonificación por desahucio.
Si bien su alcance inmediato se restringe al sector público, el precedente que sienta este caso representa un obstáculo adicional para avanzar hacia una mayor flexibilidad en el mercado laboral privado.
Los argumentos utilizados por la ministra son los mismos que hemos escuchado durante décadas; términos como “derechos adquiridos” o “regresión de derechos” son solo conceptos políticos vacíos. En la vereda opuesta de estas ideas que niegan la naturaleza dinámica de las relaciones laborales, nos encontramos los defensores de la libertad contractual que, allí donde se aplica, genera mayor empleabilidad. Con esto en mente, ¿podemos asegurar que la gobernabilidad política será suficiente?
