El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó este martes, 27 de mayo, en Quito, la sesión número 5, donde se analizó el pedido de juicio penal contra la ex asambleísta correísta, Esther Cuesta, en el marco del caso Ligados.
El Legislativo resolvió devolver la solicitud a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), al considerar que, al no ser ya parlamentaria, Cuesta no goza de fuero parlamentario y debe ser juzgada por la justicia ordinaria por presunta asociación ilícita.
Durante el debate, la asambleísta Esperanza Rogel, del oficialismo, argumentó que el pedido era improcedente porque Cuesta cesó en sus funciones. “Defender la Constitución es defender principios, no personas”, dijo. Su moción fue aprobada con 78 votos.
La resolución respondió al requerimiento del conjuez Hernán Barros Noroña, de la Sala Penal de la CNJ, quien solicitó a la Asamblea pronunciarse sobre el inicio del proceso penal.
En la investigación fiscal, Cuesta figura en conversaciones entre el dirigente del correísmo, Andrés Arauz, y el ex consejero Augusto Verduga, donde se la menciona como parte de un plan para bloquear la posesión de Roberto Romero como Superintendente de Bancos, favoreciendo a Raúl González.
Marco Legal
Varios asambleístas, como Nataly Morillo, del oficialismo, señalaron que el caso debe seguir su curso en la justicia común. “Cuesta ya no es asambleísta, por lo tanto no aplica levantarle la inmunidad”, afirmó.
Por su parte, el parlamentario Samuel Célleri, del Partido Social Cristiano (PSC6), citó el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que solo los asambleístas en funciones gozan de fuero. Así, al ya no ocupar un cargo, Cuesta puede ser procesada directamente por la Función Judicial.
Una vez que dejan el cargo, pierden este fuero y pueden ser procesados por la justicia ordinaria sin intervención del Legislativo.
Cuesta es una de las figuras políticas que la Fiscalía busca involucrar en el caso Ligados, una investigación sobre una presunta red de influencias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otras instituciones del Estado, presuntamente en beneficio del correísmo.
Aunque el expediente se mantiene bajo reserva, el caso ha ganado visibilidad debido a la implicación de ex funcionarios y actores políticos actuales.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
