El presidente reelecto, Daniel Noboa, presentó este martes, 27 de mayo, a la Asamblea Nacional, en Quito, el segundo proyecto de norma con carácter de económico urgente. Se trata de la «Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública».
De acuerdo con el texto del proyecto, la propuesta busca establecer mecanismos innovadores en los procesos de contratación pública, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible y equitativo, eliminar la corrupción en las compras estatales.
La medida también se centra en aumentar la eficiencia del sector público y fortalecer tanto el tejido social como el financiero y económico de los ciudadanos, asegurando que los bienes y servicios públicos respondan adecuadamente a sus necesidades.
Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, al entregar el proyecto de ley, señaló que es necesario combatir y eliminar los elevados niveles y riesgos de corruptela, mediante herramientas legales efectivas que permitan cumplir con los estándares internacionales en compras públicas, centrados en la innovación y el mejor uso de los recursos.
Resaltó que la propuesta busca simplificar los procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública, reduciendo los tipos de contratación de 30 a solo 5, ya que, según explicó, la actual complejidad dificulta su manejo por parte de los servidores públicos y aumenta el riesgo de incurrir en responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Dos proyectos de Ley Económica Urgente
En menos de diez días, Noboa envió dos proyectos de Ley Económica Urgente al Pleno. El primero fue presentado el pasado sábado, 17 de mayo, para combatir el financimiento criminal. Mientras que, el otro fue compartido hoy para innovar la gestión pública.
Actualmente, el Parlamento ya está tratando la «Ley de Solidaridad Nacional», anteriormente llamada: «Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno».
El gobierno indicó que las reformas propuestas se enfocarán en fortalecer la planificación estratégica de las compras públicas, incorporar ampliamente la tecnología en la gestión de los contratos y aplicar principios de economía, eficacia y eficiencia en todas las etapas del proceso.
Dado su carácter de urgencia económica, la Asamblea tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse. El proyecto será revisado primero por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego será remitido a una comisión especializada para su análisis.
Hoy, la Comisión de Desarrollo Económico tiene previsto aprobar el informe para el primer debate, el cual se espera que sea discutido este viernes, 30 de mayo, en la Asamblea.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
